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Ultimátum a Texas por polémico muro flotante en Río Grande

Washington-. El gobernador de Texas, Greg Abbott, parece hoy no inmutarse ante las advertencias del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por su polémico muro flotante en el Río Bravo para repeler migrantes.

El DOJ le dio un ultimátum hasta el lunes al republicano para retirar la boyas plásticas anaranjadas o, de lo contrario, emprenderán acciones legales.

«Seguiremos desplegando todas las estrategias posibles para proteger a los tejanos y a los estadounidenses», escribió Abbott en la red social Twitter y agregó que, por supuesto, la medida va dirigida a proteger a los inmigrantes para impedir que arriesguen sus vidas».

Así que «nos veremos en los tribunales, señor Presidente», agregó con cierto tono desafiante.

Las boyas fluviales han sido objeto reciente de escrutinio nacional después de que un policía estatal de Texas planteara preocupaciones internas sobre las barreras que desvían a los migrantes, incluidos los niños, a partes del Río Grande donde tienen más probabilidades de ahogarse.

También la queja interna planteó otras inquietudes referentes a la iniciativa fronteriza más amplia de Texas, conocida como Operación Estrella Solitaria, porque se dice que los agentes de la frontera empujaban a las familias de vuelta al Río Grande.

El DOJ advirtió a las autoridades de Texas que el gobierno federal demandará a ese estado a menos que retire las barreras acuáticas.

En una carta a Abbott, y al fiscal general interino del estado, dos abogados del DOJ dejaron claro que esos obstáculos autorizados por el gobernador a principios de este mes violan la ley federal.

Además, amenazan con impedir el trabajo de las fuerzas del orden federales y crean «graves riesgos» para la seguridad pública y el medio ambiente.

«La construcción ilegal es una violación prima facie de la Ley de Ríos y Puertos. Esta barrera flotante supone un riesgo para la navegación, así como para la seguridad pública y plantea problemas humanitarios», escribieron los fiscales Todd Kim (general adjunto) y Jaime Esparza (federal del Distrito Oeste de Texas).

De manera que le dieron a Texas la oportunidad de mantener conversaciones con la administración para evitar litigios y exigieron una respuesta antes del venidero lunes.

«Si no recibimos una respuesta antes de las 14:00 hora del este del 24 de julio de 2023, indicando su compromiso de retirar rápidamente la barrera flotante y las estructuras relacionadas, Estados Unidos tiene la intención de iniciar acciones legales», advirtieron.

Una vez que los migrantes se encuentran en el lado estadounidense de la línea divisoria -que, en Texas, cae en medio del Río Grande-, la ley federal exige a la Patrulla Fronteriza que los procesen y decidan si deben ser deportados, transferidos a otra agencia, detenidos o puestos en libertad.

En los últimos dos años, Abbott, ha sido uno de los principales críticos del presidente demócrata Joe Biden respecto al manejo de la oleada migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la Patrulla Fronteriza registró un máximo histórico de detenciones en 2022.

Como parte de su campaña para repudiar lo que ha tachado de políticas fronterizas laxas de la administración Biden, ha enviado en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.

Esta semanas al menos cuatro ómnibus procedentes de Texas fueron transferidos a Los Ángeles, California.

Al propio tiempo, ordenó la detención de migrantes adultos acusados de allanamiento de morada y desplegó a miembros de la Guardia Nacional de Texas para colocar alambre de púas a lo largo de las orillas del Río Grande.

El miércoles la portavoz del DOJ, Xochitl Hinojosa, informó que están evaluando los reportes, que incluyen denuncias de negación de agua a los indocumentados, así como acusaciones de que los han empujado de nuevo a las aguas del peligroso río.

Pero Abbott afirmó que nunca dio órdenes o instrucciones en el marco de la Operación Estrella Solitaria que comprometieran la vida de quienes intentan cruzar irregularmente la frontera.

Según CBS News, las entradas ilegales por el sur descendieron en junio al nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Biden en enero de 2021.

Lo que contradice los augurios de que el fin de una disposición de la era de la pandemia de la Covid-19, conocida como Título 42, y que fue adoptada por Donald Trump durante su mandato (2017-2021), impulsaría un aumento masivo de la migración ilegal hacia Estados Unidos.

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