Por Victoria Korn *-.
La violencia, los saqueos y las manifestaciones para forzar la renuncia del primer ministro Ariel Henry, marcaron esta semana el agravamiento de la vida en Haití, país jaqueado por el hambre, la inflación y las bandas de delincuentes armados, ante lo cual varias embajadas cerraron su puertas.
Haití atraviesa desde hace años una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, marcada por el aumento de las guerras entre bandas, los ataques armados, los asesinatos, la injerencia externa, los robos, las violaciones y los secuestros. Todo ello ha incrementado aún más la miseria entre los habitantes de Haití, donde 4,9 millones de personas, que representan el 43 % de la población, necesitan ayuda humanitaria para poder vivir.
Esta semana, al menos las embajadas de España, Francia, República Dominicana, México y Canadá, permanecieron o fueron cerradas, aunque mantienen operativos los teléfonos de emergencias consulares.
La Asociación Profesional de Bancos (APB) anunció el cierre total de las operaciones de los bancos comerciales en todo el país, ante la inseguridad personal y la vulnerabilidad de las empresas a los ataques de bandas y las pérdidas millonarias debido a los disturbios escenificados por multitudes durante las jornadas callejeras
Los costos de transporte se han disparado, al igual que los precios de muchos alimentos básicos que, además, no son fáciles de conseguir. Los haitianos son amenazados ahora para un alza de los precios del combustible, en un contexto de una creciente escasez de gasolina y gasóleo..
Los habitantes del país más pobre de América ya pagan por el combustible en el mercado informal hasta el equivalente a 16 dólares por galón de 4,5 litros, lo que ha llevado a la población a protagonizar protestas por todo el territorio, con un saldo de al menos cinco muertos y decenas de heridos.
Muchos de los residentes de Puerto Príncipe, la capital de Haití, se refugiaron esta semana en sus casas mientras sonaban disparos, ardían neumáticos en las calles y manifestantes arrojaban piedras en una airada respuesta a la delincuencia y al desgobierno.
Lo cierto es que el país vive inmerso en un vacío de poder desde el asesinato, hace un año, del entonces presidente Jovenel Moïse por una banda de mercenarios estadounidenses y colombianos, que agravó aún más la situación política, económica y de violencia. Pero la promesa de nuevas e inmediatas elecciones se fue postergando, mientras Henry parece decidido a no abandonar el poder.
Un país olvidado, traicionado y torturado
Con 11 millones de habitantes, Haití es una nación que no encuentra sosiego. Enfrenta una nueva crisis, una ola de inseguridad de bandas criminales que pueden hasta llegar a gobernar el país. A ello se suma una pobreza extrema, una corrupción rampante, con el infortunio de estar ubicado sobre la falla principal entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe y en la ruta principal de los huracanes de la región.
Pero no es sólo eso. Ha sido víctima de invasiones extranjeras, intervenciones internacionales, que lejos de traerle progreso lo han retrasado aún más y lo han hecho un receptor de beneficencias, acabando así con su producción interna, destruyendo los mercados locales y generando dependencia externa, con la consecuente corrupción e inestabilidad política.
Los haitianos suelen hablar de una “maldición de la caridad extranjera”, y señalan que a costa de ellos unos mil organizaciones no gubernamentales, en especial europeas, hacen sus negocios, manejando decenas de miles de millones de dólares en ayuda extranjera de gobiernos y organismos multilaterales, con visitas periódicas de sus altos funcionarios, que se hospedaban en los cómodos hoteles del barrio residencial de Petionville, con poco o nulo contacto con la población.
La pobreza haitiana lastima. Desde hace siglos Haití sufre desprecio y castigo, comenzando por los conquistadores franceses. El escenario cotidiano es el del caos que preanuncia la próxima masacre.
La gente está en las calles, en un momento en que la inflación ha alcanzado su nivel más alto en una década, la violencia crónica de las bandas ha dejado gran parte del territorio haitiano fuera del control del Gobierno y los brotes de sangrientas batallas territoriales entre bandas armadas han dejado cientos de muertos y miles de desplazados.
Las protestas antigubernamentales se multiplican y son cada vez más numerosas y violentas en Puerto Príncipe y otras grandes localidades, con saqueos, lanzamiento de piedras, incendios y quema de barricadas, lo que ha llevado a la paralización total de las actividades, con organismos públicos, comercios y bancos cerrados y sin transporte.
Una de las marchas en la capital estuvo encabezada por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, jefe de la banda G-9 y uno de los criminales más temidos de Haití. En las distintas manifestaciones en Puerto Príncipe, en las que participaron miles de personas, se escucharon gritos como “Vamos al supermercado, Ariel Henry pagará”, a modo de anuncio de los saqueos que iban a producirse.
El principal botín es la comida, en un país donde más del 40 % de la población sufre inseguridad alimentaria.A estos actos de pillaje se sumaron los incendios de instituciones, organismos y oficinas públicas en Puerto Príncipe y algunas ciudades como Gonaïves. Las dependencias de la televisión pública fueron saqueadas, los manifestantes se llevaron equipos y prendieron fuego al menos a tres vehículos.
También establecimientos en la carretera de la zona capitalina de Delmas fueron objeto del vandalismo de unos manifestantes, furiosos, que amenazan con poner al país bajo fuego y sangre para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de aumentar el precio de los derivados del petróleo, que agravará aún más la situación económica de una población que ya vive en extrema precariedad, lejos de servicios básicos como el agua, la electricidad y la sanidad.
En Gonaïves las oficinas de la ONG Cáritas fueron saqueadas y los manifestantes consiguieron llevarse todo lo que encontraron a su paso en las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
En las protestas, los manifestantes prometen que conseguirán sacar del poder a Ariel Henry, cuyo Gobierno ya ha aumentado dos veces en menos de un año el precio del combustible, un producto que escasea desde hace al menos tres meses.
Las acciones en contra de la subida de los carburantes se suman a las que se llevan a cabo desde hace más un mes en el país para exigir la adopción de medidas que pongan fin al alto costo de la vida y la escasez de combustible.
** Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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