Encuesta pone en aprietos a presidente uruguayo

Montevideo-. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, conocía de los antecedentes penales de su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano, opinan sus compatriotas, de acuerdo con una encuesta divulgada hoy.

Así lo considera el 60 por ciento de los encuestados de la consultora Percepción Ciudadana, cuyos datos indican que más del 70 por ciento de los interrogados consideran que el hecho afecta la imagen del mandatario.

Otros datos de la consultora afirman que el 65 por ciento creee que hay otros funcionarios implicados, lo cual representa otra mala noticia para el gobierno, según analistas.

Se trata del escándalo provocado aquí luego de la detención del jefe de seguridad presidencial, imputado y en prisión preventiva por varios delitos.

Astesiano encara una investigación fiscal, hasta ahora por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil.

El jefe de Estado uruguayo dijo desconocer en primera instancia que su hombre de confianza tenía pasado oscuro, pero luego rectificó cuando fue público que Astesiano acumulaba una veintena de indagaciones policiales.

Poco después se conoció que el encartado estuvo encarcelado en 2013 luego de ser declarado culpable por estafa continuada.

Varias investigaciones están en curso por el asunto; la primera a cargo de la fiscal Gabriela Fosseti,y otras de gobierno que buscan implicados en el Registro Civl, la Policía Científica e incluso en consulados en el exterior.

El caso ya derribó una cabeza, la del director de Identificación Criminal, Gonzálo Velázquez, acusado de «corregir» el expediente de Astesiano.

Pero la fiscal Fosseti dijo antes que la investigación demora, y es de»vieja data», lo cual augura nuevos capítulos e inculpados en esta trama.

El Frente Amplio (FA), principal coalición opositora, reclamó desde su bancada legislativa la interpelación del titular del Interior, Luis Alberto Heber, quien dijo que Velazquez «mintió» al mandatario.

Para el expresidente José Mujica (FA) se trata de un «error garrafal» del actual gobierno, que disminuye la credibildad internacional del país.

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