Bogotá-. La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa hoy una situación humanitaria y de seguridad compleja, marcada por la convergencia de dinámicas migratorias cambiantes, criminalidad transnacional, presencia de actores armados, economías ilícitas y una limitada capacidad institucional.
Tal fue la situación descrita por una misión binacional de monitoreo ejecutada entre las Defensorías del Pueblo de ambos países en el corredor Ipiales– Tulcán, con énfasis en el paso fronterizo de Rumichaca y con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe divulgado, las problemáticas advertidas no solo persisten, sino que se agravan, en tanto se identifican riesgos asociados con extorsiones, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia física y sexual, explotación laboral, reclutamiento y utilización por actores armados, así como barreras para acceder a salud, educación, alojamiento, asistencia humanitaria, regularización migratoria y mecanismos de protección.
Concluyó el análisis que los flagelos descritos no pueden ser abordados únicamente desde una perspectiva de control migratorio o de seguridad.
«Los hallazgos muestran que estamos ante una situación que exige respuestas integrales de los Estados, con presencia institucional efectiva, coordinación binacional y un enfoque de derechos humanos que proteja tanto a las comunidades fronterizas como a las personas en movilidad», remarcó.
El monitoreo identificó cinco grupos poblacionales especialmente expuestos a afectaciones graves y recurrentes: víctimas del conflicto armado; niñas, niños y adolescentes en movilidad familiar; mujeres víctimas de violencias basadas en género; hombres solos en tránsito; y niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados.
Entre los principales riesgos se encuentran la doble o múltiple victimización, desescolarización prolongada y habitabilidad en calle e instrumentalización por estructuras criminales.
La investigación aseguró que reviste particular preocupación la situación de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, frente a quienes se identificó un subregistro significativo y dificultades para su ingreso a los mecanismos institucionales de protección.
Frente a los hallazgos, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador consideraron necesario fortalecer una respuesta estatal, binacional, coordinada y multidimensional que combine las acciones de seguridad con políticas sociales, humanitarias y de desarrollo.
Recomendaron fortalecer las acciones contra las redes de trata; establecer mecanismos binacionales más flexibles de regularización y protección complementaria; garantizar recursos públicos para la respuesta humanitaria; fortalecer los centros de acogida y las rutas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes; y mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales.
