Inconformidad en Bolivia por infanticidios y feminicidios

La Paz-. Los 38 infanticidios y 94 feminicidios registrados oficialmente en Bolivia en 2022 por el Ministerio Público generan hoy inconformidad en las autoridades, la población e instituciones defensoras de los derechos humanos.

El fiscal general del Estado Plurinacional, Juan Lanchipa, informó que está identificado el 88,57 por ciento de los autores del primero de esos delitos y sometidos a proceso penal.

“La investigación de los casos (…) es inmediata, mediante la movilización de los Equipos Multidisciplinarios que acuden a la escena del hecho para levantar los indicios suficientes que ayudan a identificar a los autores”, aseguró la autoridad.

Informó que por departamentos el mayor número de casos está en La Paz con 17, Santa Cruz reportó seis, Potosí seis, Cochabamba cuatro, Tarija dos, Oruro dos y Chuquisaca uno, mientras Pando y Beni no reportaron ningún hecho de este tipo.

Desde el punto de vista legal, del total de estos delitos seis tienen sentencia condenatoria, 11 están en etapa preparatoria, 10 con acusación formal, cuatro en etapa preliminar y cuatro en extinción por muerte del autor, según la Fiscalía.

Respecto a los 94 feminicidios, más del 88 por ciento de los autores fueron identificados, cumplen detención preventiva, aguardan la audiencia de juicio oral y en otros casos ya están con sentencia condenatoria.

“La Fiscalía realiza la persecución penal a cada uno de los casos -sostuvo Lanchipa-, de los cuáles 24 tienen sentencia, 41 están en etapa preparatoria, 10 en preliminar, 15 con acusación formal y tres con extinción por muerte del autor”.

Desde el punto de vista estadísticos, en el año recién concluido se registraron menos feminicidios que en 2020 (113) y 2021 (108).

Según el registro del Ministerio Público, existen 132 hijos de víctimas que quedaron en la orfandad.

La Defensoría del Pueblo, a través de la firma reciente de un convenio, es parte de un esfuerzo interinstitucional para seguir los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y los delitos de feminicidio e infanticidio; además de implementar políticas públicas preventivas.

El acuerdo de coordinación y cooperación interinstitucional fue suscrito por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Echalar; el Ministro de Justicia, Iván Lima; Lanchipa y el presidente de la Federación de Asociación de Municipios, Enrique Leaño.

“No se puede negar que tanto el Estado como el Gobierno han mostrado avances para luchar con la violencia sexual, el infanticidio, el feminicidio, pero se debe reconocer que el sistema patriarcal es parte de una construcción histórica y por lo tanto que sigue siendo fundamental profundizar los programas y políticas en contra de esos flagelos”, sostuvo el titular de Justicia.

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