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Anteproyecto de Ley de Tierra contribuirá al ordenamiento del uso y posesión de este recurso

Próximamente, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba someterá a aprobación el Anteproyecto de Ley de Tierra, hoy en proceso de elaboración y que contribuirá al ordenamiento del campo en cuanto al uso y posesión de la tierra, con impactos directos en el control y las garantías jurídicas a los campesinos.

Sobre la importancia que abarca este futuro proyecto normativo –que en los próximos meses se publicará, para el proceso de consulta y validación con todos los productores y cooperativas del país, a fin de presentarlo a la ANPP–, indaga un artículo de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag), publicado en el sitio web de ese organismo.

Ante la interrogante de si las transformaciones que requiere la agricultura también impactan el ámbito legislativo, el artículo reconoce que ha sido un sector con un amplio quehacer normativo y con deudas ante la mesa de cada cubana y cubano, pero, sin lugar a duda, el reordenamiento del uso y posesión de la tierra en Cuba es una cuestión pendiente que sí impacta la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.

En cuanto al marco legal de la tierra, subraya que la Constitución de la República reconoce las formas de propiedad sobre la tierra, la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia y el debido proceso y procedimiento, todo en función del desarrollo sostenible para la prosperidad individual y colectiva.

Todas estas cuestiones –se señala– muestran la necesidad de una Ley especial que desarrolle estos preceptos constitucionales en materia de gobernanza responsable de la tierra.

Asimismo, indica que Cuba es signataria de convenios internacionales, en los cuales los temas de posesión, uso y acceso a la tierra y bienes agropecuarios son esenciales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en lo que atañe a las mujeres rurales, que abogan por promover y proteger el derecho a la tierra con igualdad y equidad; cuestiones que también requieren un desarrollo en la legislación agraria vigente.

Contextualiza que en el escenario nacional, como antecedente fundamental, se encuentran las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963, que constituyeron el primer cambio radical de la estructura agraria, la redistribución de las riquezas y de la supeditación de la propiedad sobre la tierra en el país, en pos del interés social, con principios y presupuestos que constituyen premisas para las transformaciones en materia de uso y posesión de la tierra en Cuba.

En la actualidad –subraya– para la adecuada implementación de la Ley 148 De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 14 de mayo de 2022, es indispensable modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal, compuesto de varias normas jurídicas de larga data, disposiciones que requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes para la transmisión de la tierra y su régimen de uso y posesión.

Teniendo en cuenta lo anterior y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, desde octubre de 2022 fue constituido por el Minag el Grupo Temporal de Trabajo para la elaboración de la propuesta de política de uso y posesión de la tierra y su instrumentación jurídica, el Anteproyecto de Ley de Tierra.

Resalta que el trabajo de este grupo ha sido acompañado por los proyectos de colaboración internacional Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba y Resiliencia climática en los ecosistemas agrícolas de Cuba, cuya agencia implementadora es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Asimismo, participan representantes de organismos de la Administración Central del Estado, del sistema empresarial de la agricultura, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios.

Se ponderó en la información que este Anteproyecto de Ley, además de contribuir al ordenamiento del campo, también favorece la gobernanza responsable de la tierra, para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

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