
Brasilia.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró hoy que revocará un decreto que impide al Estado brasileño costear el traslado de cuerpos de ciudadanos fallecidos en el extranjero, tras conocerse el caso de Juliana Marins.
La joven Marins murió trágicamente en Indonesia al caer en un volcán.
Durante un acto público en Sao Paulo, Lula expresó que desconocía la existencia de esa normativa restrictiva y que, al enterarse de la situación, decidió actuar de inmediato.
«Fui informado de que existía un decreto que no permitía que el Ministerio de Relaciones Exteriores trajera el cuerpo de ella. Voy a revocar ese decreto y voy a hacer otro para que el gobierno brasileño pueda cubrir los gastos del traslado. Esta mañana hablé con el padre de Juliana», afirmó el mandatario.
Horas antes, Lula había publicado en redes sociales un mensaje en el que relataba la conversación telefónica con el padre de la joven y manifestaba su solidaridad con la familia.
Marins perdió la vida en una excursión en Indonesia, tras una caída en una zona volcánica, y su familia ha enfrentado dificultades para repatriar sus restos debido a la normativa vigente.
El decreto en cuestión impide actualmente que el Gobierno federal asuma los costos del traslado de cuerpos de ciudadanos fallecidos fuera del país, incluso en situaciones trágicas o excepcionales.
Tal caso generó amplia repercusión en la opinión pública y presiones hacia el Ejecutivo para modificar la medida.
Con el anuncio de Lula, se abre la posibilidad de establecer una nueva reglamentación que permita al Estado actuar humanitariamente en circunstancias similares.
«El Estado brasileño no puede desamparar a sus ciudadanos, ni siquiera después de la muerte», resumió Lula en su declaración.
La revocación del decreto será formalizada en los próximos días mediante una nueva disposición que autorice a la Cancillería brasileña—a cubrir los gastos en situaciones excepcionales, especialmente cuando las familias no puedan asumir los costos por sí solas.
El gesto del presidente fue bien recibido por diversos sectores sociales, que ven en la decisión un acto de sensibilidad ante el dolor de una familia brasileña y una corrección necesaria en la política exterior del país en temas humanitarios.