Pretoria-. Sudáfrica pidió al G20 la aplicación inmediata de la declaración que reconoce los delitos ambientales como crimen organizado, durante la Cumbre Global Unidos por la Vida Silvestre celebrada en Brasil.
El sudafricano ministro de Bosques, Pesca y Medio Ambiente, Dion George, instó a los líderes mundiales a transformar compromisos en acciones concretas durante su intervención en el encuentro internacional. Subrayó la urgencia de implementar la Declaración de Ciudad del Cabo adoptada el mes pasado bajo presidencia sudafricana del G20.
«Por primera vez en la historia del foro, las principales economías reconocieron que los crímenes ambientales constituyen delitos organizados transnacionales que amenazan la seguridad global, la estabilidad económica y el bienestar social», destacó el titular sudafricano.
La Declaración de Río, ratificada esta semana en Brasil, fortalece el marco jurídico establecido en el documento pionero impulsado por Sudáfrica, respaldado por naciones que representan más del 85 por ciento de la economía mundial.
Ambos instrumentos exigen cooperación internacional reforzada contra el tráfico ilegal de especies, deforestación, minería ilícita y comercio de residuos peligrosos.
En la ocasión George detalló las acciones emprendidas por su país, incluido el cierre progresivo de la industria de leones criados en cautiverio —única experiencia comercial de este tipo a escala global— y la propuesta para incluir los abalones secos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).
Reafirmó además la posición inflexible de Sudáfrica contra cualquier reapertura del comercio de marfil o cuerno de rinoceronte, destacando el devastador impacto socioeconómico de los delitos ambientales:
«Cada ejemplar cazado furtivamente, cada hectárea forestal talada ilegalmente y cada ecosistema costero depredado representan un costo humano incalculable», resaltó.
Finalmente, el Ministro enfatizó que la lucha contra esos delitos trasciende la protección animal para convertirse en defensa de comunidades y economías nacionales. Los principios de corresponsabilidad, rendición de cuentas y acción coordinada deben regir, según señaló, los esfuerzos globales contra estas actividades delictivas.