Ciudad de México-. El Senado de México aprobó hoy en lo general y en lo particular una reforma al poder judicial impulsada por el gobierno con el propósito de acabar con la corrupción en ese sistema.
La iniciativa contó en ambas discusiones con el visto bueno de 86 miembros de la cámara alta, 41 en contra y una reacción violenta del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el cual intentó en varios momentos frenar la discusión, relata el diario La Jornada.
El sí a la propuesta fue precedido por una larga sesión en la que hubo cambio de sede debido a la irrupción de manifestantes, pero en la que el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional logró la mayoría calificada, con el voto de un legislador del PAN y la ausencia de un senador del opositor Movimiento Ciudadano.
A las 04:00 hora local, el proyecto de decreto fue enviado por la mesa directiva del Senado a los congresos de los estados, donde se requerirá sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales.
Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, calificó de histórica la iniciativa, la cual tiene como fin garantizar que toda persona cuente con acceso real a la justicia mediante un cambio profundo en la organización e integración de los diversos órganos, dijo.
“La reforma busca la independencia y autonomía del poder judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales, es un imperativo para lograr que la justicia alcance a todas y a todos sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social”, aseguró.
Por su parte, la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, consideró que con esta “se extiende el acta de defunción de la democracia”, un cuestionamiento rechazado por autoridades y expertos, quienes coinciden en que se trata de lo contrario, toda vez que la reforma plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
En opinión de Godoy, se fortalece “la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, se afianza la división de poderes que es la esencia de la República, ya que en el poder judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político ni de las influencias o de las relaciones familiares”.
Al mencionar las razones para la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial en México se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En ese contexto, la propuesta aspira a poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la iniciativa contempla otros puntos, entre estos, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no pueda ser mayor a la del Presidente.
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