Quito-. Un proyecto inmobiliario a cargo de una empresa de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, generó un cuestionamientos durante la semana que hoy concluye debido a que las obras destruirían manglares de un bosque protegido.
Pobladores de la comuna de Olón, en la parroquia de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, protestaron para denunciar la tala y destrucción del manglar en el Esterillo Oloncito, declarado «área de bosque y vegetación protectores» en 2001.
La obra está a cargo de la empresa Vinazin S.A., de la cual Valbonesi es la principal accionista, según consta en los registros de la Superintendencia de Compañías.
La ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi, fue la que otorgó el registro ambiental a Vinazin S.A. para la construcción en ese sitio y lo hizo el 5 de diciembre de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Noboa el 23 de noviembre pasado.
El caso también involucra al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, encargado ahora de la cartera de Energía y Minas, cuya compañía Geosísimica realizó los estudios en Olón para el proyecto inmobiliario.
La ministra del Interior, Mónica Palencia, fue cuestionada también porque como abogada fue delegada en 2020 por Vinazin S.A. para sus trámites.
La titular de Ambiente justificó el proyecto a través de su red social X, asegurando que esa obra en la comuna de Olón no es un área protegida.
Si bien Noboa, Valbonesi y la secretaria de Comunicación de la presidencia, Irene Vélez, consideran que los cuestionamientos son ataques con fines políticos, activistas ambientales y pobladores de la zona esperan explicaciones y la detención de las obras.
La Asamblea Nacional (parlamento) convocó a Fritschi al pleno del legislativo para dar respuestas, aunque no se ha anunciado la fecha de su comparecencia.
Entretanto, la Fiscalía General abrió una investigación del caso y el movimiento político Unidad Popular presentó una denuncia por tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza en contra de la primera dama.
También este jueves, miembros de comunidades indígenas, organizaciones sociales y políticas denunciaron al Gobierno de Ecuador ante la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir y minimizar demandas ambientales.
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