
San Juan-. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Asamblea Legislativa, presentó un proyecto que de convertirse en ley, garantizaría que no se repita en ninguna agencia del gobierno abuso de su poder.
La senadora María de Lourdes Santiago estableció la necesidad de frenar arbitrariedades como la del secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, que a menos de ocho horas de su designación ordenó el archivo de varias querellas relacionadas con la ubicación ilegal de casetas en La Parguera, en Lajas (suroeste).
La vicepresidenta del PIP afirmó que tal proceder incluyó la tala ilegal de especies protegidas, como los mangles, y la alteración de hábitats de especies vulnerables con el fin de beneficiar a los suegros de la recién estrenada gobernadora Jenniffer González.
“Con la medida buscamos asegurar la clara interpretación de la letra de la ley que, por lo visto, a juicio del régimen de González, no basta para guiarles en el curso de la administración de la justicia”, apuntó la senadora independentista.
Sostuvo que la orden administrativa de Quiles Pérez no sólo constituye una violación al debido proceso y a la igual protección de las leyes en aquellos casos en que se buscaba adjudicar responsabilidad por actos ilegales contra los recursos naturales, aparte de ser un peligroso precedente para otras agencias públicas.
“¿Puede un Secretario de Justicia ordenar a su capricho el archivo de casos de corrupción contra funcionarios del partido en el gobierno? ¿Puede el titular del Departamento del Trabajo disponer que se archiven querellas contra patronos que han contribuido a campañas políticas?”, planteó la senadora Santiago.
El diputado independentista Denis Márquez Lebrón agregó que “este proyecto que hemos presentado es un mecanismo para proteger el debido proceso de ley en las agencias del gobierno tal y como reclaman los querellantes, que exigen que los casos que radican se vean en sus méritos”.
El portavoz del PIP en la Cámara de Representantes subrayó que, además, es una protección al interés público que no puede evadir la responsabilidad de que los casos se decidan en sus méritos.
El portavoz alterno en el Senado, Adrián González Costa, estableció que la medida busca garantizar la transparencia y objetividad en los procesos que se ventilan ante los agencias gubernamentales.
“En la medida que la ley esté clara, su letra no estará a la voluntad del despotismo de los gobiernos de turno como el actual, que han utilizado un jefe de agencia para resolver un caso a favor de los familiares de la gobernadora en La Parguera”, dijo González Costa junto a las diputadas Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles.
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