Legisladores de distintas fuerzas políticas en Bolivia —entre ellas Libre, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad— han exigido una investigación urgente e imparcial tras la difusión de una serie de audios atribuidos al exconsultor Fernando Cerimedo.
En las grabaciones se coordinaría un operativo irregular y de alto costo para capturar o secuestrar al expresidente Evo Morales.
De confirmarse la autenticidad de las grabaciones, el caso expondría una red de operaciones clandestinas que involucra recursos presuntamente ilegales, contacto con fuerzas extranjeras y la participación directa de un alto funcionario del gabinete gubernamental.
🇧🇴 La Central Obrera Boliviana (COB) se declara en estado de emergencia ante la coyuntura político-económica que atraviesa Bolivia. https://t.co/IPAy41Wdlz
— teleSUR TV (@teleSURtv) October 16, 2026
La denuncia tomó relevancia internacional a raíz de las publicaciones del periodista digital Julián Macías Tovar en la red social X.
Según la información difundida, Cerimedo habría viajado a Estados Unidos e Israel con el objetivo de gestionar helicópteros y equipamiento táctico de rastreo para incursionar en el Chapare, bastión político y territorial del líder indígena.
En las grabaciones, la voz atribuida a Cerimedo le comunica al actual ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, detalles logísticos sobre la adquisición de drones y equipos especializados.
La operación tendría un costo estimado de entre 7 y 8 millones de bolivianos (aproximadamente entre 600.000 y 685.000 dólares estadounidenses).
Asimismo, en los audios se escucha al interlocutor ofrecer el pago de “todo lo que cueste el operativo” de manera informal y en divisas estadounidenses, mencionando incluso un intento previo en el que habrían alcanzado el segundo anillo de seguridad de Morales con respaldo de supuestos agentes extranjeros.
Diversas figuras de la política boliviana han reaccionado exigiendo el esclarecimiento inmediato de los hechos; el diputado de Libre, Edgar Zegarra sostuvo que las revelaciones son de extrema gravedad y requieren una indagación transparente, equilibrada y desprovista de sesgos políticos para deslindar responsabilidades.
Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó la pasividad del Ministerio Público y reclamó acciones inmediatas a través de su cuenta en X: “¿Qué espera el nuevo fiscal José Armando Urioste para investigar los nuevos audios de Cerimedo?”.
La presión parlamentaria apunta a determinar la veracidad del material, la procedencia del financiamiento y si existió un uso indebido de recursos e instituciones del Estado o injerencia externa.
Frente a las acusaciones, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, negó rotundamente la autenticidad del material difundido, asegurando que los audios fueron manipulados y editados.
Sin embargo, en declaraciones recogidas por el medio Fama, Poder y Ganas, la autoridad admitió haber mantenido contactos telefónicos previos con el exasesor.
Aunque el origen y la veracidad de los archivos aún no han sido verificados de forma oficial por los órganos periciales, el escándalo vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de las principales figuras políticas del país y la fragilidad institucional en un contexto de alta polarización política.
