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España se suma a la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia

Este jueves, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que su país participará en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido al genocidio perpetrado en la Franja de Gaza.

Albares explicó que España ha tomado esta decisión debido a la prolongación de la operación militar en Gaza y la «enorme inquietud» que genera la propagación del conflicto en la región.

En su declaración ante los medios, el jefe de la diplomacia española expresó su intención de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas por la Corte para detener la operación militar, las cuales han sido recordadas como «de obligado cumplimiento para todas las partes».

Otros países ya han dado este paso y otros han anunciado su intención de hacerlo durante muchas semanas. Dijo que su objetivo es doble: lograr el regreso de la paz a Gaza y Oriente Medio, así como cumplir con el derecho internacional.


España se une a México, Colombia, Nicaragua y Libia, quienes ya han respaldado el proceso por genocidio iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).

El 1 de junio, Gabriel Boric, el presidente de Chile, declaró su apoyo a la denuncia y exigió una respuesta firme de la comunidad internacional ante la matanza en Palestina.

Días después de que España, Noruega e Irlanda reconocieran oficialmente a Palestina como Estado, el ministro español de Exteriores hizo el anuncio.

En los últimos meses, la tensión diplomática entre Israel y España ha aumentado debido a las críticas de los miembros del Gobierno español hacia la conducta de Israel en la Franja de Gaza, mencionando la violación de los Derechos Internacional Humanitarios y la posibilidad de que esté cometiendo delitos de genocidio y violaciones de derechos humanos.

Con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España el 28 de mayo, la crisis alcanzó su punto máximo. Debido a esto, Israel prohibió la prestación de servicios por parte del Consulado General de España en Jerusalén a los palestinos de Cisjordania y acusó a varios ministros españoles, en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de antisemitismo.

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