TRANSMITIMOS POR LAS FRECUENCIAS

99.5 | 107.9 FM

1140 | 1150 | 1160 KHZ AM

ESCUCHE AQUÍ LAS EMISORAS DEL SISTEMA RADIAL GRANMENSE

Condena a Bolsonaro tensiona la democracia brasileña

Brasilia.- Mientras la Cámara de Diputados impulsa un proyecto que reduciría la pena de Jair Bolsonaro, el Gobierno de Brasil prepara un veto para impedir hoy cualquier beneficio al expresidente, condenado por tentativa golpista.

La decisión del Partido de los Trabajadores de promover el impedimento presidencial al proyecto de ley de sentencias, aprobado esta semana en la Cámara baja, alteró el tablero político en el gigante sudamericano.

Tal propuesta, que aún debe pasar por el Senado, introduce reducciones de correctivos que afectarían directamente la sanción a Bolsonaro, quien cumple 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado. Para el Gobierno, permitir ese recorte sería inadmisible.

Según el portal UOL, bajo este escenario, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutió la situación con senadores aliados, como Jaques Wagner, Renan Calheiros y Eduardo Braga, quienes advirtieron sobre la dificultad de frenar la iniciativa en la asamblea legislativa.

Lula considera inadmisible la disminución del castigo a Bolsonaro. Manifestó a su entorno que no permitirá la aprobación de ninguna parte de la propuesta que pueda reducir, «de arriba hacia abajo», la condena de su predecesor.

En un contexto de confrontación abierta con el Supremo Tribunal Federal (STF), parte del Congreso impulsa proyectos que considera prerrogativas exclusivas del Legislativo, incluida la definición de criterios de penas.

Para la administración de Lula, el proyecto no solo podría favorecer a Bolsonaro, sino también a otros condenados por crímenes graves.

Al respecto, la columnista de UOL Daniela Lima reveló que, incluso, falsificadores de combustible vinculados al Primer Comando de la Capital, la red criminal más grande y organizada de Brasil, podrían recibir beneficios.

RECOMENDAMOS LEER |  Mayoría de los venezolanos se mantienen optimistas ante amenazas de EE.UU.

Por esa razón, el jefe de Estado ya indicó que vetará cualquier artículo que ocasione reducción de la condena impuesta al exmandatario ultraderechista.

Con 291 votos a favor y 148 en contra, la propuesta no concede amnistía, pero recorta las penas según la tipificación. En el caso de Bolsonaro, implicaría reducir en un 50 por ciento su condena por liderar una organización criminal, lo cual podría habilitar su libertad condicional en apenas dos años.

El Gobierno insiste en que esa consecuencia sería políticamente y jurídicamente inaceptable e intenta negociar ajustes en el Senado, pero el escenario adverso hizo más probable la vía del veto.

Lula reforzó esa postura al declarar en el estado de Minas Gerais (sudeste) que Bolsonaro «tiene que pagar por el intento de golpe» y que actuará conforme considere necesario para garantizar el cumplimiento de la sentencia impuesta por el STF.

Un eventual veto parcial devolvería el proyecto al Congreso cerca del final del calendario legislativo. Aunque se espera que el Parlamento intente derribarlo, el plazo corto podría impedir una nueva votación antes del receso del 18 de diciembre.

Con esto, el STF volvería a ser decisivo. Si el Congreso insiste en aprobar la reducción de penas, la corte superior podría ser llamada a evaluar la constitucionalidad de los cambios, especialmente en lo que se refiere a intervenciones legislativas sobre sentencias ya firmes. De acuerdo con el Legislativo, el proyecto reafirma su autoridad sobre la política criminal. Para el Ejecutivo, resulta un intento de blindar a un expresidente condenado por socavar la democracia. Para el Poder Judicial, la iniciativa es vista como un desafío a su independencia. En el fondo, lo que se pretende con el caso Bolsonaro es definir quién establece los límites institucionales en Brasil y evitar que se convierta en un precedente de flexibilización de penas para líderes involucrados en ataques al orden constitucional.

RECOMENDAMOS LEER |  Pentágono: Ataques a 'narcolanchas' fueron aprobadas por "los mejores abogados militares y civiles"