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Supremo de Brasil cierra declaraciones de testigos de golpistas

Brasilia-. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil cierra hoy el ciclo de declaraciones de testigos de los llamados núcleos dos y tres en el proceso que investiga el intento de golpe de Estado.

Integrado por seis inculpados, el grupo dos está acusado de redactar las denominadas actas del golpe, monitorear al ministro Alexandre de Moraes, del STF, y coordinar acciones con la Policía Federal de Carreteras para dificultar el voto de los electores del nordeste en 2022.

La corte escuchó a testigos de defensa y acusación del complot.

El primero en declarar fue el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Jair Bolsonaro y quien actuó como informante.

Cid es una figura clave en la investigación, tras haber entregado documentos y testimonios que comprometen directamente a Bolsonaro y a su círculo más cercano.

Más tarde llegó el turno de los designados por la Fiscalía General. Las interpelaciones continuarán hasta este miércoles, vía videoconferencia.

De Moraes incluso programó para mañana el interrogatorio de los imputados del núcleo cuatro, acusado de difundir noticias falsas y atacar instituciones y autoridades.

Una vez concluidos los requerimientos, el juez elaborará un informe detallado del caso y emitirá su voto.

El documento servirá como base para el juicio en la primera sala del Supremo, formada por los ministros Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia Antunes, Flávio Dino, Luiz Fux y el propio De Moraes como relator del caso.

No hay una fecha definida para la conclusión del informe ni para el inicio del análisis, aunque se espera que el proceso sea incluido en la agenda del STF entre septiembre y octubre.

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Tal juicio es considerado uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, por involucrar a una figura central de la política nacional y abordar la gravedad de los intentos de subversión del orden democrático.

El núcleo crucial (el de Bolsonaro), según la Fiscalía General, habría planificado acciones para impedir la transmisión pacífica del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras ganar las justas comiciales de 2022.

Los acusados fueron imputados por los delitos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños calificados y deterioro de bienes inmuebles.

En conjunto, las penas pueden alcanzar los 43 años de cárcel.

Investigaciones revelaron documentos, reuniones clandestinas y un borrador de decreto que contemplaba la intervención de las Fuerzas Armadas y la anulación del resultado electivo.

El proceso podría sentar un precedente perentorio en la defensa de las instituciones democráticas en América Latina.