Brasilia-. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil volverá a analizar desde hoy otras 70 denuncias contra personas involucradas en los actos golpistas del 8 de enero en esta capital.
A realizarse en sesión virtual extraordinaria del plenario, el juicio fue convocado por la presidenta de la corte, Rosa Weber.
Esas imputaciones apuntan a personas arrestadas en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, al día siguiente de los ataques a las sedes de los tres poderes.
Las acusaciones fueron presentadas por la Procuraduría General de la República y, con este séptimo bloque, el colegiado ya recibió mil 245 denuncias.
En el juicio, que se extenderá hasta las 23:59, hora local, del 9 de junio, el Supremo decidirá si abre acciones penales contra otros 64 acusados en dos investigaciones bajo la relatoría del ministro Alexandre de Moraes.
Si las denuncias son recibidas, los acusados serán transformados en reos, y el proceso pasará a la fase de recogida de pruebas, lo cual incluye testimonios de los testigos de defensa y acusación.
Después, el STF juzgará si condena o absuelve a los acusados, lo que no tiene plazo específico para ocurrir.
Según la Corte Suprema, en un caso se investiga a los autores intelectuales y personas que instigaron los actos (acusadas de incitación al crimen y asociación criminal). Otro indaga a los ejecutores materiales de las infracciones.
Las denuncias abarcan los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daño calificado.
También la acusación implica la práctica del crimen de deterioro de patrimonio derribado.
Partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero casi siete mil bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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