Quito-. La orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, provocó en Ecuador una serie de denuncias de persecución política durante la semana que hoy termina.
Además de los pronunciamientos de figuras de oposición, en particular del movimiento Revolución Ciudadana (RC), miles de personas salieron a las calles en rechazo a la detención del edil de la mayor ciudad ecuatoriana, acusado de presunta delincuencia organizada.
Con banderas, pancartas y consignas como “Aquiles no está solo, el pueblo está de pie” y “Fuera Noboa, fuera”, los asistentes denunciaron lo que consideran persecución contra Álvarez y responsabilizan al mandatario, Daniel Noboa, de estar detrás del proceso.
La RC, que auspició la candidatura de Álvarez, denunció en un comunicado la existencia de “una estrategia sistemática para silenciar voces críticas, intimidar a líderes electos democráticamente y desviar la atención del país de los verdaderos problemas que hoy lo golpean”.
“Se intenta dejar en la impunidad los verdaderos actos de corrupción de este gobierno, levantando perversas cortinas de humo frente a lo que el país ha evidenciado en los últimos días: la grave penetración del narcotráfico en el sistema de justicia y el deterioro acelerado del Estado de derecho”, advirtió la RC.
Álvarez permanece desde el jueves en la cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, después que el juez Jairo García ordenara su reclusión mientras dura la instrucción fiscal del caso Goleada, pesquisa que investiga una supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El abogado defensor de Álvarez, Ramiro García, cuestionó la decisión y anunció que apeló la medida.
Noboa anunció que el Gobierno hará base en Guayaquil, donde se instalará durante varias semanas, “entregando soluciones, resolviendo problemas, no huyendo”.
Según el gobernante, Guayaquil “ha sufrido lo suficiente, con políticos que han hecho lo que les da la gana, se han robado el dinero”, una declaración en aparente alusión a Álvarez. Durante esta semana avanzó en la Asamblea Nacional (Parlamento) el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien acusan de presionar a jueces para favorecer narcotraficantes.
Además, en los últimos días creció el rechazo a dos proyectos de ley económicos urgentes propuestos por el Ejecutivo y que reformarían la autonomía y finanzas de prefecturas y municipios, así como aspectos relacionados con la minería y la energía.
Autoridades locales, dirigentes barriales y ciudadanos, marcharon el pasado jueves en esta capital para exigir el archivo de la iniciativa que modificaría el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Con pancartas y consignas como “Sin recursos no hay derechos” y “Archivo a la reforma”, los asistentes advirtieron sobre el impacto que tendría la medida en la prestación de servicios sociales.
La comisión parlamentaria que analiza esa propuesta dio luz verde para el primer debate del tema en el plenario, que tendrá lugar en la tarde de este sábado.