
Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió hoy mediante decreto ejecutivo el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, medida que acumula más de 15 pedidos de impugnación.
El documento establece procedimientos y definiciones para la ejecución de la normativa, aprobada en junio pasado y que reforma otros cuerpos legales relacionados con la contratación pública, la gestión tributaria, el sector financiero y la administración estatal.
En un inicio, el proyecto de ley era específicamente para modificar el proceso de contrataciones en el sector público, sin embargo el Legislativo incorporó otros cambios, incluidas reformas penales.
Uno de los temas polémicos es que la Ley de Integridad Pública permite cambiar el monto de indemnización por despido de empleados públicos.
Además, la disposición modifica el Código de la Niñez y Adolescencia, al endurecer penas para adolescentes que cometen delitos, cuya pena máxima pasa de ocho a 15 años y la prisión preventiva se extiende de 90 días a un año, algo cuestionado por organismos como Unicef.
La mencionada Ley enfrenta múltiples demandas ante la Corte Constitucional, tanto por parte de ciudadanos como de gremios, particularmente centradas en las reformas a la justicia juvenil y las evaluaciones de funcionarios públicos.
“Nos evalúan a diario, pero sin condiciones adecuadas de trabajo. ¿Cómo se puede hablar de desempeño si no hay ni paracetamol para entregar?”, señaló Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, que marchó la semana pasada en rechazo a la disposición.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) también salió a las calles contra el texto legal, así como la Unión Nacional de Educadores y el Frente Unitario de Trabajadores.