Ley de Comunicación y disputa por el sentido

Aunque una multiplicidad de problemas comunicacionales es mundialmente coincidente, existe siempre una plataforma problemática territorial que obliga a precisar tácticas y estrategias locales para la democratización de las agendas semánticas y sus instrumentos y métodos de producción y acción directa.

Es nuestra defensa contra la ideología de la clase dominante en lo global y en lo doméstico. Que lo general no eclipse a lo específico. Pero que la defensa no debilite al ataque.

Una Ley de Comunicación en Cuba está, de origen, envuelta en las peculiaridades y generalidades de una lucha histórica que impone la necesidad de crear una Filosofía de la Comunicación Socialista. Consolidar un sistema de tesis, comprensivo y muy dinámico que, al mismo tiempo, entienda a la Comunicación como condición necesaria de lo social; como problema de seguridad nacional; como problema de salud pública y como premisa de toda revolución educativa y toda revolución de conciencia. Eso incluye la comprensión de la Comunicación Socialista como baluarte de lucha cultural y como factor del entretenimiento no enajenado ni enajenante.

Tal filosofía debería afianzarse en bases materiales e históricas muy concretas que, en Cuba, no solo son avances reales, sino premisas para un modelo dialéctico de comunicación superadora de los esperpentos burgueses y de los atrasos y las esclerosis propias, infiltradas y tóxicas.

Esa Filosofía de la Comunicación Socialista no debería permitir los estragos de ciertas concepciones jurídicas funcionalistas que reducen el debate al problema de la «propiedad» de los medios, a su reglamentación mercantil o al control de sus modelos ideológicos. Mucho más complejo que eso, es necesario un cuerpo filosófico que garantice los derechos implícitos y explícitos de la Comunicación humanista y eso implica la libre y justa expresión de las diversidades, la ineludible crítica de la realidad material e ideológica y la liberación responsable de los caudales expresivos de toda la sociedad en los ámbitos más diversos de la política, la economía, las ciencias y las artes.

Sin ingenuidad y con dinámicas críticas que aseguren el derecho al debate y la exigencia de las pruebas o evidencias consensuadas para toda información y todo «relato».

Una Ley de Comunicación Socialista ha de ser un motor poderoso para expandir derechos y obligaciones. Y en tanto que, a nombre del Estado Socialista, se invoquen cuerpos jurídicos para la Comunicación, ese Estado ha de ser responsable de garantizar la Comunicación nueva, en todas sus variedades, en tiempo real. Estado que debe ser motor comunicacional de su modelo de Comunicación y que ha de revolucionarlo todo, incluso a él mismo.

Ha de incluir el desarrollo de las fuerzas comunicacionales, la planificación simbólica, los horizontes semánticos de la dialéctica histórica mundial y la construcción del sentido común del Socialismo hacia una mentalidad colectiva, emancipada y emancipadora: Comunicación Socialista para sí y para el mundo.

Entendemos aquí que una Ley de Comunicación es, fundamentalmente, producción de sentido; creación, desarrollo y expansión de sentido, en condiciones de tensión múltiple, por la supervivencia de la identidad revolucionaria de Cuba tanto como por su trascendencia en la comunidad internacional.

Una Ley para la consolidación de la comunidad comunicacional organizada, para la emancipación permanente. Sentido aquí significa experiencia y síntesis de consensos; conceptuación y praxis transformadora en la producción dinámica del sentido y sus interiorizaciones y exteriorizaciones.

La producción de una Ley de Comunicación es una expresión del conocimiento y un conocimiento de la expresión en la dialéctica histórica de las interiorizaciones y las exteriorizaciones de la información y de sus consensos emancipadores. La producción de una Ley de Comunicación no ocurre sin una variedad de tensiones ante la realidad y entre sectores sociales. En el corazón de la producción de tal Ley está la disputa por el sentido.

Es preciso señalar un significado más de la Ley de Comunicación para Cuba, y para el mundo, que, apoyada en los problemas, e incluso, en los vicios anteriores, abrirá un debate internacional que debe ser liderado con las mejores y tesis críticas que se ligarán, directamente, a todas las luchas sociales y no se limitarán solo a sectores académicos o de cúpulas. En este sentido, será primero el marco revolucionario de la propia Historia de Cuba y sus luchas históricas contra toda forma de bloqueo y, especialmente, el bloqueo mediático y la fabricación de falacias sobre su democracia y su libertad de expresión.

Es indispensable que la Ley de Comunicación sea un programa revolucionario para la expresión libre de la riqueza cultural cubana y sus contribuciones humanistas convertidas en nuevo sentido común de la lucha por la emancipación organizada. Lucha por el sentido emancipado y emancipador con el objetivo de abonar el camino para la puesta en práctica del programa comunicacional revolucionario, como tarea dinámica permanente de la Revolución.

Porque en tiempos revolucionarios, cuando Cuba ratifica su programa integral e internacionalista, debería pensarse la Ley de Comunicación exactamente como lo mismo que el programa que pone en primer plano la Revolución de la Conciencia disputando siempre la consolidación de los valores y la cultura desde la articulación, incluso jurídica, de un cuerpo legal que permitirá ensanchar y profundizar las luchas, democratizadoras y desmonopolizadoras, que desarrollan muchos pueblos en el planeta.

En la lógica revolucionaria, el papel de las leyes siempre debe estar ligado a la acción directa y transformadora, con objetivos específicos en cada situación concreta, para asegurar los procesos garantes de la toma del poder revolucionario y para la revolución permanente de tal poder. Esto implica avanzar con luchas diversas, por el sentido emancipador de la propia Ley, para resolver los problemas concretos y pendientes en la Guerra Comunicacional que el imperio capitalista despliega contra todos los pueblos y contra la clase trabajadora.

Si no sabemos, acabadamente, cómo debe ser una Ley de Comunicación Socialista, seamos capaces, mientras lo dilucidamos, de saber cómo no queremos que sea. Pero no repitamos errores ni caigamos en emboscadas. En esta tarea histórica es preciso que participemos todos, como podamos y desde donde estemos, comprometidamente.

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