
Brasilia-. La Fiscalía General de Brasil presentó hoy sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y solicitó la condena del expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.
El pedido de sanción a Bolsonaro abarca cinco delitos como liderazgo de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y causar daños calificados por violencia.
Además, amenaza grave contra bienes federales, con daños considerables a la víctima, y causar perjuicios a un bien protegido.
Junto a Bolsonaro, la Fiscalía General solicitó la condena de todos los miembros del grupo.
Se trata de los exministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional, Walter Braga Netto (jefe de Gabinete), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Anderson Torres (Justicia).
También del excomandante de la Marina Almir Garnier, el diputado federal Alexandre Ramagem y el teniente coronel Mauro Cid, denunciante y exayudante de órdenes de Bolsonaro.
Los alegatos finales se presentaron justo antes de la fecha límite.
El fiscal general Paulo Gonet tenía hasta las 23:59, hora local, del lunes para presentar el documento ante el STF. La Fiscalía General citó la entrevista de Bolsonaro con el portal UOL en sus fundamentos finales.
En mayo, el exmandatario confirmó al sitio que se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas para discutir un posible decreto golpista.
Bolsonaro fue imputado por la Fiscalía General en febrero.
Gonet presentó cargos contra el político ultraderechista y otras 33 personas por intento de golpe de Estado, de abolición violenta del Estado de Derecho, organización criminal, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) afirma que el exgobernante (2019-2022) conocía y aprobó el llamado proyecto golpista.
El decreto contenía medidas para implementar un golpe de Estado en el país e impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de 2022.
Según el Ministerio Público Federal, el excapitán del Ejército también conocía el plan denominado Puñal Verde y Amarillo para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes, del STF.
Los hechos abordados en la denuncia no siempre involucraron a los mismos actores, pero todos convergieron, dentro de su ámbito de acción, hacia el objetivo común de garantizar la continuidad del liderazgo del Estado por parte del entonces presidente, incluso si no ganara las justas comiciales.
Fuentes judiciales confirmaron que las defensas tendrán una última oportunidad para presentar argumentos y pruebas antes del juicio.
El plazo es de 15 días y se computa consecutivamente, comenzando por la Fiscalía General.