Naciones Unidas-. La alta incidencia de feminicidios y violencia sexual contra mujeres y niñas en Ecuador preocupa hoy a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que exigió respuestas del Gobierno en un reciente informe.
En su última publicación periódica sobre la situación de las garantías fundamentales en el país sudamericano, el organismo advirtió además por el reducido número de condenas por estos delitos junto a la insuficiente protección, apoyo e indemnización a las víctimas.
Según la entidad, varios reportes indican que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas resulta un fenómeno frecuente en las escuelas y los hogares, mientras que se observa una falta de información sobre las medidas para fomentar las acciones previstas en la ley.
🔴🇪🇨Ecuador registra 180 feminicidios en lo que va de 2024, según @AldeaFundacion
La estadística total de estos crímenes por razones de género subió a 1.891 desde 2014, año en que se tipificó el delito de #femicidio en el Código Penalhttps://t.co/ufNIt9oTn8
— Efeminista (@efeminista_efe) October 21, 2024
Esa carencia afecta sobre todo a menores afrodescendientes, indígenas y habitantes de zonas rurales y remotas, agregó la Oficina.
El organismo llamó al Gobierno del mandatario Daniel Noboa a prestar especial atención a las mujeres de grupos minoritarios y marginados.
Ecuador debe intensificar sus esfuerzos para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, garantizar que todos los casos de violencia se investiguen a fondo y que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y a una reparación completa, dijo Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité encargado de presentar el documento.
A juicio del experto, resulta preocupante la insuficiencia de indemnizaciones previstas en la ley.
Los expertos a cargo tomaron nota de las medidas adoptadas por el Estado para mejorar el acceso a los servicios de salud y de información sexual y reproductiva, y para combatir y prevenir el embarazo adolescente, incluido el embarazo producto de violencia sexual.
Sin embargo, agregaron, el aborto sigue tipificado como delito en Ecuador, salvo en casos de violación o amenaza para la vida o la salud de la madre, lo que impone obstáculos para acceder a la interrupción legal.
Como respuesta, la Oficina instó a las autoridades a garantizar el acceso seguro, legal y efectivo a ese proceder, incluso en zonas rurales y remotas, cuando llevar el embarazo a término causaría dolores o sufrimientos considerables a la mujer o la niña embarazada, especialmente si es consecuencia de incesto, o si no es viable.
En general, pidieron asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no impida el acceso efectivo y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas a servicios de aborto confidenciales, legales y seguros y a la atención posterior.
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