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EE.UU. suspende nuevos estatus de asilo político

El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) anunció este viernes la suspensión de solicitudes de estatus de asilo político, medida que se mantendrá vigente hasta que concluyan las investigaciones sobre cada extranjero presente en el país que haya hecho una petición.

La decisión se enmarca en las acciones preventivas derivadas del asesinato de Sarah Beckstrom, funcionaria de la Guardia Nacional, baleada el miércoles en Washington D.C. junto a su compañero Andrew Wolfe, (quien se encuentra en estado crítico). El autor de la agresión fue identificado como el afgano Rahmanullah Lakanwal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó en un comunicado que la suspensión tendrá carácter indefinido y afectará a cerca de 1,5 millones de solicitantes de asilo, según datos del American Immigration Council.

De manera paralela, el USCIS confirmó que se encuentran en proceso de revisión las tarjetas de residencia (green cards) de migrantes provenientes de 19 países, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití, considerados de especial atención en el marco de las nuevas medidas.

Las estadísticas oficiales señalan que durante la administración de Joe Biden se admitieron más de 100.000 refugiados en 2024, cifra que representó un récord en tres décadas. Sin embargo, esta política fue posteriormente congelada con la llegada de Donald Trump al poder.

La suspensión actual refleja un cambio significativo en la política migratoria estadounidense, que combina medidas de seguridad nacional con un impacto directo en miles de solicitantes que esperan resolución a sus casos.

Tesoro limita apoyos y fiscaliza transferencias internacionales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó el viernes que, junto con la suspensión de solicitudes de asilo, se aplicará un recorte en el financiamiento de beneficios fiscales para los inmigrantes indocumentados.

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La medida incluye un mayor control sobre las remesas, ya que, según declaraciones de Donald Trump, algunos residentes llegaban a percibir hasta 30.000 dólares anuales mediante su tarjeta de residencia y cerca de 50.000 dólares adicionales en ayudas familiares.

El anuncio se produce tras los reportes de la Red de Control de Delitos Financieros, que registró en 2024 más de 72.000 millones de dólares en transferencias transfronterizas, principalmente en concepto de remesas enviadas desde Estados Unidos.