Washington-. La tasa de muertes en las prisiones de Estados Unidos durante 2020 aumentó drásticamente, ya que los legisladores ignoraron los efectos de la Covid-19 en las personas encarceladas, según un análisis divulgado hoy.
Acorde con datos de la Universidad de California (UCLA), en la ciudad de Los Ángeles, los decesos en penitenciarías estatales y federales crecieron casi un 50 por ciento durante el primer año de la pandemia, a pesar de que la población en prisión disminuyó un 10 por ciento.
En general, apuntó, al menos seis mil 182 personas murieron en las cárceles en 2020, tasa que representa más del doble de los números de la mortalidad en el país en general, y supera el incremento de fallecimientos en hogares de ancianos, donde los decesos por Covid-19 fueron muy altos.
El promedio de fallecimientos en las prisiones se duplicó con creces en seis estados: Alaska, Michigan, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Norte y Rhode Island, reveló el estudio citado por el portal Common Dreams.
La fuente refirió además cómo las condiciones de quienes permanecían privados de libertad se volvieron más precarias al tiempo que el SARS-CoV-2 hacía estragos.
En ese momento, sostuvo, muchos legisladores y funcionarios simplemente ignoraron el problema de la propagación de la infección o permitieron que empeorara.
La Oficina Federal de Prisiones, por ejemplo, redujo la tasa de liberaciones por razones humanitarias y la agencia usó solo una fracción de los medicamentos contra el padecimiento que se le asignaron para ayudar a tratar a los enfermos, lo que se sumó a la atención médica ya inadecuada para los reclusos.
Mientras tanto, muchas prisiones redoblaron las formas de castigo más crueles, aumentaron el número de reos en régimen de aislamiento, optaron por abusar, descuidar y torturar a las personas en lugar de liberarlas en cumplimiento de las medidas de distanciamiento social para evitar contagios.
Los investigadores dijeron que los datos están destinados a proporcionar al público conocimiento sobre las tasas de mortalidad en las prisiones, ya que los gobiernos federal y estatal no han mantenido los registros adecuados.
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