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Corte Suprema decidirá sobre fumigación de agrotóxicos en Brasil

Brasilia-. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudará hoy el juicio que decidirá si es constitucional o no prohibir la fumigación aérea de agrotóxicos, productos químicos utilizados para combatir las plagas en la agricultura.

El plenario evaluará una acción de sectores rurales para derribar una única medida que inhibe este uso en el gigante sudamericano, la llamada Ley 16.820/19, del estado de Ceará (nordeste).

A pesar de tratarse de un caso local, la decisión tendrá repercusión en todo el país.

Por ejemplo, afectará el avance de proyectos de ley similares en tramitación en otras 18 divisiones territoriales.

La previsión es que el STF concluya hasta el 26 de mayo el juicio que comenzó en 2021 y quedó parado a lo largo de estos dos años.

Hasta el momento, solo votó la ponente, la ministra Carmen Lucía, y el también juez Edson Fachin.

No resulta inconstitucional que «Estados editen normas más protectoras a la salud y al medio ambiente en cuanto a la utilización de agrotóxicos», entendió Lucía, acompañada por el colega.

Cuando llegó su turno, el ministro Gilmar Mendes pidió vistas, suspender el juicio, que ahora se reanuda.

Teniendo en cuenta que la silla del magistrado recién retirado Ricardo Lewandowski aún no ha sido ocupada, faltan ocho votos.

La denominada Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 6137/2019) fue elaborada por la Confederación de la Agricultura y Ganadería de Brasil, entidad que actúa en defensa de los intereses del agronegocio junto a los tres poderes.

Argumentan que prohibir la pulverización de veneno es inconstitucional por violar la libre iniciativa y los objetivos de la política agrícola.

No es lo que piensan 16 Defensorías Públicas estatales, el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación Oswaldo Cruz, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, entre otras entidades que emitieron notas técnicas favorables a la ley.

La difusión aérea de agrotóxicos está prohibida en la Unión Europea desde 2009.

De autoría del diputado Renato Roseno, con los entonces parlamentarios Elmano de Freitas, actual gobernador de Ceará, y Joaquim Noronha, la ley que el agronegocio intenta derribar fue resultado de la presión de movimientos populares y ambientalistas a partir de estudios.

Los impactos negativos de la exposición a la fumigación de agrotóxicos en esta región fueron revelados por un estudio de 15 años, realizado por el Grupo de Investigación Trabajo, Salud y Ambiente de la Universidad Federal de Ceará.

Investigadores detectaron en la población local 30 ingredientes activos de los diversos venenos que son vertidos en el aire desde las áreas de perímetro irrigado del agronegocio.

«Estas comunidades», denunció el abogado Renato Roseno, «comenzaron a desarrollar neoplasias, cáncer, pubertad temprana y problemas neurológicos muy graves».

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