El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance se quejó este viernes de la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegales los fundamentos con los que la administración de Donald Trump impuso aranceles globales.
En una intervención difundida a través de X, Vance señaló que la corte “acordó algo que no decía en serio el Congreso” al permitir que el Ejecutivo exceda ciertos límites en materia de tarificación de importaciones, lo que, a su juicio, representa “ilegalidad por parte de la corte, simple y llanamente”.
Según el vicepresidente, la sentencia podría disminuir la capacidad de su jefe para “proteger” a las industrias estadounidenses.
En su mensaje, añadió que el inquilino de la Casa Blanca dispone de un “amplio abanico” de otras facultades arancelarias y que, en su opinión, empleará esas herramientas para salvaguardar a los trabajadores y promover las prioridades comerciales de la administración.
Esta queja de parte de uno de los empleados más serviles de Trump viene luego que la Corte Suprema anulara los fundamentos de los aranceles impuestos durante la era de la administración anterior, declarando que esas medidas habrían vulnerado la línea establecida entre el poder recaudatorio y la autoridad ejecutiva.
El fallo subraya que la capacidad para imponer aranceles es, en esencia, una función del poder impositivo y que cualquier delegación de esa potestad al Ejecutivo debe estar claramente delimitada en la Constitución. El presidente de la Corte, John Roberts, enfatizó que la Constitución reserva al Congreso “el acceso a los bolsillos del pueblo” y que la delegación de ese poder requiere criterios explicitados y límites precisos.