
Quito-. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió hoy a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 155, mediante el cual el Gobierno afirma haber subsanado la propuesta de una Asamblea Constituyente.
Este martes la Corte determinó que la pregunta sobre ese tema puede incluirse en el referendo del próximo 16 de noviembre, pero antes solicitó al mandatario realizar ajustes en las reglas para el proceso que propone de redactar una nueva Carta Magna.
Ahora los jueces deberán valorar si los cambios cumplen con las observaciones realizadas para que la decisión sobre una Constituyente finalmente puede incluirse en la papeleta para que la ciudadanía decida si desea o no una nueva ley de leyes.
Las observaciones del máximo tribunal se centraron principalmente en la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente que se encargaría de elaborar la nueva Constitución.
En ese sentido, Noboa dispuso que el eventual cónclave esté compuesto por 80 asambleístas.
La Asamblea Constituyente fue una de las promesas de campaña de Noboa, sin embargo, la había dejado a un lado al ver que, tras los comicios de abril pasado, logró el control del Legislativo, pero retomó el asunto en medio de una pugna abierta con la propia Corte Constitucional.
De hecho, el mandatario intentó incluir en el referendo del 16 de noviembre la pregunta con la convocatoria a la Constituyente sin pasar por el filtro de la Corte, lo cual generó una ola de cuestionamientos.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no incluyó el planteamiento en la papeleta hasta tanto el organismo judicial no se pronuncie definitivamente al asunto.
Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la narrativa del Gobierno de una Constituyente es un distractor frente al golpe económico tras la eliminación del subsidio al diésel para cumplir con las metas de ajuste fiscal marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana (RC), tildó la propuesta como un distractor en medio de la situación actual del país, con un paro nacional en curso. Además, la asambleísta de la RC Ana Yela aseguró que el verdadero motivo del Gobierno es dar marcha atrás a todos los derechos que están vigentes en Ecuador y garantizados en la actual Constitución, aprobada en 2008, durante el mandato de Rafael Correa.
“Le mienten al país todos los días: van a retroceder todo lo ganado en derechos, ese es el objetivo. Quieren bajarse todos los pesos y contrapesos del Estado”, dijo Yela ante el Legislativo que consiguió, con su mayoría oficialista, respaldar la iniciativa del gobernante.