Washington resucita viejas doctrinas de dominación bajo el rótulo de “narcoterrorismo” para justificar presiones e intervenciones en América Latina. La historia se repite: nuevas etiquetas para los mismos métodos que buscan subordinar proyectos soberanos en la región.
Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump exhibió una postura abiertamente hostil hacia Centro y Suramérica. Actos simbólicos de dominación, como rebautizar el Golfo de México o amenazar a Panamá, anticipaban el objetivo real, reactivar la influencia estadounidense en el Caribe, territorio estratégico para contener el avance comercial y geopolítico de China, Rusia, India e Irán.
En noviembre de 2025, esta ofensiva tomó forma explícita. La Casa Blanca declaró que Nicolás Maduro encabezaría un “cártel de drogas” y clasificó al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, inaugurando una guerra discursiva y psicológica que vino acompañada de un amplio despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, además de un blindaje jurídico diseñado para justificar operaciones letales fuera del territorio estadounidense.
Nada de esto es nuevo, responde a una doctrina histórica de fabricar enemigos para legitimar intervenciones. Presentar al Cartel de los Soles como una estructura jerárquica y centralizada dirigida personalmente por Nicolás Maduro es una simplificación deliberada que ignora la complejidad transnacional del narcotráfico, los flujos financieros, la logística de insumos químicos y el fraude estructural.
“Saben que no existe”, dijo Phil Gunson, analista de Crisis Group, con sede en Caracas, quien calificó al cartel “ficticio” como “taquigrafía conveniente” para el poder de Maduro sobre el mundo del crimen.
La designación del Cartel como “Organización Terrorista Extranjera”, impulsada por el Departamento de Estado bajo Marco Rubio, habilita sanciones ampliadas, congelamientos de activos y operaciones militares extraterritoriales bajo el argumento de una “emergencia hemisférica”. Así, el “narcoterrorismo” funciona como un paraguas moral y geopolítico que fusiona terrorismo, crimen organizado y amenaza transnacional, actualizando con lenguaje moderno las viejas doctrinas de intervención.
A cincuenta años del Plan Cóndor, asistimos a su reedición bajo nuevas formas. Ya no se presenta como lucha anticomunista ni opera mediante dictaduras militares, pero conserva su esencia, domesticar proyectos soberanos, doblegar gobiernos incómodos y restaurar el orden regional dictado desde Washington. El “narcoterrorismo” es hoy su máscara renovada; la maquinaria de dominación sigue intacta, solo adaptada al siglo XXI.
De “comunistas” a “narcoterroristas”
Lo que hoy ocurre contra Venezuela reproduce una larga genealogía de intervención contra-insurgente, basada en relatos pre-fabricados.
Algunos ejemplos paradigmáticos:
En 1954, derrocaron al presidente democráticamente electo Jacobo Árbenz Guzmán en Guatemala por promover una modestísima reforma agraria. Fue acusado de “comunista” para justificar el golpe de Estado orquestrado por la CIA (Operación PBSUCCESS). Décadas después, incluso Washington reconoció que la acusación era falsa.
En 1964, en Brasil, derrocaron a João Goulart tras pintarlo como “peligro comunista”.
En 1965, invadieron República Dominicana contra el presidente Juan Bosch, bajo la acusación de comunismo, y desplegaron decenas de miles de marines.
En 1973, la intervención en Chile consumó el derrocamiento de Salvador Allende, con respaldo activo de la CIA.
Fuera de América Latina, en 1953, impusieron contra Mohammad Mossadegh (Irán) el mismo esquema: nacionalizar recursos y ser acusado de “subversivo”.
En 2003, la invasión a Irak se justificó con la mentira de las “armas biológicas, armas de destrucción masiva”.
La lógica es siempre la misma: 1) fabricar una amenaza; 2) demonizar al líder; 3) intervenir; 4) eventualmente, décadas después, reconocer que fue un error.
El nombre cambia “comunista”, “terrorista”, “carteles”, etc, pero la estrategia permanece.
Militarización, violencia extrajudicial y violaciones al derecho internacional
En este nuevo ciclo de agresión, la administración Trump ha autorizado ataques militares contra embarcaciones acusadas de narcotráfico sin pruebas, dejando docenas de muertos.
Human Rights Watch y la propia ONU han denunciado que estas operaciones constituyen violaciones graves al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales, pues se realizan fuera de un conflicto armado declarado y sin ningún tipo de control judicial.
Más que golpes “quirúrgicos”, conforman un patrón de hostigamiento diplomático-militar destinado a presionar, aislar y forzar negociaciones en condiciones de subordinación.
Fragmentación regional y urgencia de la unidad popular
Ésta ofensiva no se limita a Venezuela apunta a reconfigurar el mapa político latinoamericano. Pretende influir en procesos electorales decisivos como los de Colombia y Brasil en 2026, alinear gobiernos subordinados y desestabilizar sociedades, como ya ha ocurrido en Haití, Ecuador, Perú, Argentina y, crecientemente, Bolivia y Chile.
Frente a esta amenaza, los gobiernos de la región exhiben una peligrosa fragmentación y dependencia económica que debilita cualquier respuesta conjunta. Esta dispersión deja a los pueblos sin protección regional, sin voz colectiva y sin una estrategia soberana capaz de frenar el avance intervencionista.
En este contexto, se vuelve imprescindible construir un frente de lucha popular que supere la camisa de fuerza de partidos e instituciones cooptadas. Movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas y rurales, juventudes e intelectualidades deben articular una alianza amplia capaz de defender derechos, libertades y territorios ante la restauración de viejos mecanismos de dominación.
Un llamado al rescate de la soberanía
América Latina conoce bien las consecuencias de estas intervenciones: Guatemala, Brasil, República Dominicana, Chile, igual que Irán, Irak o Libia, recuerdan lo que dejan a su paso, autoritarismo, saqueo, despojo, caos y dolor. Esa memoria histórica obliga hoy a rechazar cualquier forma de injerencia disfrazada de “guerra contra el narcotráfico” y a defender la autodeterminación con firmeza.
Nuestra América debe levantarse como un territorio de paz y dignidad, donde el diálogo, la justicia social, el cuidado de la vida y la soberanía de los pueblos prevalezcan sobre las narrativas de guerra que otros intentan imponer. Sólo la organización popular continental puede impedir que se repita el ciclo de sometimiento y violencia que ya conocimos.
* Autor: Alfonso Insuasty Rodríguez