
Quito-. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador denunció hoy que la estatal Petroecuador se niega a entregar información sobre la necesidad de ceder a un consorcio privado el campo Sacha.
Mediante un comunicado, la mesa legislativa señaló que la empresa no ha entregado la documentación sobre los informes técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen la conveniencia de concesionar el bloque más productivo del país.
Pese a que solicitó informes técnicos, jurídicos y económicos el 21 de febrero, el plazo legal para su entrega ya venció sin respuesta.
«La opacidad en torno a este proceso solo incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades y pone en duda el compromiso del Gobierno con la defensa del interés nacional», destacaron.
Ecuador está pendiente a la posible concesión del yacimiento, pues según analistas y expertos, el beneficio para el Estado sería de alrededor del 12 por ciento, mientras que el consorcio extranjero se quedaría con la mayor parte de las ganancias.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseguró este viernes que el tema de Sacha formará parte de la discusión de la postura de la organización con vistas a la segunda vuelta electoral entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, de la Revolución Ciudadana.
“No solo es un problema de la soberanía, es un problema de los recursos económicos de todos los ecuatorianos”, enfatizó el dirigente en declaraciones a la prensa.
Otro grupos sociales se reunieron la víspera y anunciaron una movilización para el 11 de marzo, cuando saldrán a las calles a exigir la anulación del proceso, mientras figuras políticas y gremios sindicales emprendieron acciones legales contra la entrega del yacimiento.
El secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), David Almeida, cuestionó el proceso y advirtió sobre las posibles repercusiones económicas y operativas de la adjudicación.
En tanto, la administración del presidente Daniel Noboa justificó la necesidad de concesionar la operación y exploración del campo debido a las condiciones en que se encuentra, oxidado y con problemas de infraestructura, lo cual fue rebatido por Almeida.
En su opinión, “una corona oxidada”, como dijo el Gobierno que era Sacha, no puede producir 77 mil barriles diarios, los datos contradicen el relato del Ejecutivo que desde septiembre de 2024 inició el proceso a escondidas.
En medio de las críticas, Noboa emitió un comunicado en el cual fija el 11 de marzo como fecha límite para que el consorcio Sinopetrol pague la prima acordada de mil 500 millones de dólares.
Almeida señaló que esa podría ser una «salida elegante» del Gobierno para no entregar el yacimiento ante la presión popular, aunque advirtió que «hay intereses de otros capitales en hacerse con Sacha».
En redes sociales circularon denuncias de presuntos vínculos de firmas de la familia del gobernante con las entidades detrás del consorcio, aunque el mandatario negó dichos nexos.
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