
La tercera jornada teórica de Sigestic 2025 dedicó parte de sus debates al tema del gobierno digital en Cuba, desde la perspectiva de su desarrollo en portales web y la interacción con los ciudadanos.
Maricarmen Ríos Mesa, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, explicó que el gobierno digital no debe confundirse con el gobierno electrónico, pues su énfasis está en “el uso crítico de los datos de calidad y en la transformación hacia procesos superiores que impacten la vida de los ciudadanos”.
Como parte de un estudio desarrollado en los portales nacionales, provinciales y municipales, se constató que los datos y la información pública aparecen en diversos formatos legibles, existe habilitación multilingüe en el diseño y la satisfacción ciudadana se refleja en algunos contenidos mediante votaciones por sistema de estrellas. Sin embargo, en el caso de los portales nacionales, la publicación del presupuesto gubernamental ocurre solo en contadas ocasiones.
La especialista sugirió avanzar hacia portales que fomenten dinámicas interactivas y participativas, con mayor transparencia en la información, apertura de datos reutilizables, capacitación digital de actores estatales y ciudadanos, mecanismos de accesibilidad inclusiva y un sistema de seguridad robusto que proteja la privacidad.
Por su parte, en la conferencia Participación y satisfacción ciudadana en el desarrollo del gobierno digital en Cuba, Mónica Guillén del Campo, también profesora de la Facultad de Comunicación, señaló que el desarrollo de las TIC ha permitido una mayor interacción entre las administraciones públicas y los ciudadanos. “Uno de los objetivos es lograr más transparencia en los procesos y una participación activa de la población”, subrayó.
A su juicio, el gobierno digital debe concebirse como una plataforma integrada. “No podemos pensar solo en nosotros como instituciones, sino también en el ciudadano, cuya satisfacción debe ser el fin último”, apuntó. La comunicación, afirmó, debe ser eje central en este proceso, lo cual implica un cambio cultural y de mentalidad en la manera de concebir los servicios.
Guillén del Campo indicó que las encuestas de satisfacción ciudadana muestran como servicios más utilizados la descarga de materiales educativos y teleclases, la atención al ciudadano y el seguimiento en línea de planteamientos. Entre los servicios transaccionales, los más frecuentes son la obtención de certificaciones, el pago en línea y la descarga de modelos de trámites.
No obstante, el 40% de los encuestados considera que el tiempo de respuesta en la mayoría de los trámites sigue siendo lento. Entre las dificultades más señaladas sobresalen problemas técnicos, limitaciones de infraestructura y la calidad de algunos servicios.
Las principales sugerencias apuntan a mejorar las páginas web y los estándares de calidad, fortalecer la interoperabilidad entre ministerios, modernizar la infraestructura tecnológica e implementar nuevos servicios en línea, como trámites de vivienda, solicitud de turnos médicos, acceso a historias clínicas o resultados de análisis.
En la conferencia La asesoría jurídica en el siglo XXI: IA y contratación, apuntes desde el derecho, Alejandro Díaz Álamo, especialista del Bufete Internacional S.A., subrayó que el ordenamiento jurídico debe ajustarse a los cambios tecnológicos “sin que se cree una brecha demasiado amplia”.
A su juicio, el contexto cubano resulta favorable para el desarrollo de la inteligencia artificial gracias a normativas como la Política para la Transformación Digital y a la Estrategia de Inteligencia Artificial. Sin embargo, insistió en que se requiere un marco normativo que logre equilibrio entre seguridad jurídica, protección de derechos e innovación.
“Deben definirse requisitos claros para ejercer como prestador de servicios de inteligencia artificial en Cuba, que permitan constatar la conducta ética y la capacidad de quienes soliciten autorización”, precisó. Entre estos requisitos mencionó la transparencia, así como garantías técnicas y operativas que aseguren la protección de los usuarios.
Díaz Álamo propuso la implementación de un modelo regulatorio híbrido, que combine la autorregulación sectorial con la supervisión estatal, a fin de establecer un sistema estable que no someta a los desarrolladores a cambios continuos, al tiempo que garantice los derechos de los consumidores.