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Fracasa intento de liberar a jefe golpista en Bolivia

Bolivia

La Paz-. La ultraderecha de Bolivia refleja hoy un sentimiento de frustración tras el rechazo de una acción de libertad presentada por la defensa del golpista (2019) Luis Fernando Camacho para el cese de su detención preventiva.

Junto al excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, Camacho, es acusado en el juicio Golpe de Estado I por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otras ilícitas.

Esos hechos violentos forzaron en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma del poder el 12 de ese mes en un gobierno de facto por parte de Jeanine Áñez.

La exgobernante firmó 48 horas después el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.

Con estos antecedentes, la audiencia de acción de libertad se instaló este viernes cerca de las 14.30 hora de Bolivia en La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz.

La defensa del gobernador encarcelado preventivamente en el reclusorio de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, Martín Camacho, confirmó que la acción de libertad se presentó luego que el tribunal de sentencia negó a la autoridad cruceña una audiencia de cesación a la detención por motivos de salud.

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A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los promotores de las revueltas que desembocaron en la renuncia de Morales tras un motín policial y un llamado a la dimisión por parte del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Willians Kaliman.

Camacho confesó en un video trasmitido en las televisoras bolivianas que, a través de su padre y del exministro de Defensa del Gobierno de Áñez Luis Fernando López, “arregló” con los militares para que no cumplieran su deber constitucional de apoyar al presidente en medio del complot golpista.

Según documentos de la fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.