El Gobierno colombiano, bajo la influencia de Estados Unidos, inicia un programa de aspersión aérea con drones para erradicar la coca, una decisión que coincide con la reciente visita presidencial a Washington.
Esta estrategia, respaldada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL), plantea cuestionamientos sobre la autonomía del país en sus políticas antidrogas y los posibles impactos en las comunidades campesinas, reviviendo el fantasma de intervenciones pasadas.
La implementación del programa prevé el uso de drones que volarán a un máximo de 1,5 metros sobre los cultivos ilícitos, con la promesa de erradicar una hectárea cada 30 minutos. En diciembre, el entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó la reactivación de la aspersión en zonas de conflicto donde grupos armados coaccionan a los campesinos a sembrar coca, una medida que ya cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. El departamento del Cauca, especialmente el municipio de Argelia, ha sido señalado como uno de los primeros territorios donde se iniciarán estas operaciones, una región históricamente afectada por el conflicto y la criminalización de la siembra de coca.
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Este marcado «viraje» en la política antinarcóticos colombiana se materializa apenas una semana después de que el presidente Gustavo Petro realizara una visita oficial a la Casa Blanca, donde la lucha contra las drogas fue el punto central de la agenda bilateral. La incautación de 10 toneladas de cocaína y la captura de cuatro narcotraficantes, valorados en 441 millones de dólares, apenas cuatro días después del encuentro, fueron presentadas por las autoridades colombianas y la INL como un éxito operativo.
La adopción de la aspersión con drones no puede desligarse del historial fallido de la erradicación aérea en Colombia. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, el uso intensivo del herbicida glifosato en vuelos antinarcóticos afectó hasta 300 mil hectáreas, generando severos daños ambientales y problemas de salud en las comunidades. Una demanda internacional de Ecuador delimitó su uso en áreas fronterizas, y el Consejo de Estado en 2013 anuló el decreto que permitía la aspersión aérea en parques nacionales.
Posteriormente, en 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió el uso del químico, y la Corte Constitucional detuvo definitivamente la fumigación aérea con glifosato desde 2017 debido a sus efectos nocivos. Esta nueva modalidad, aunque promete mayor precisión, se inscribe en un modelo de erradicación que ha sido sistemáticamente cuestionado por su impacto socioambiental y su incapacidad para resolver las causas estructurales del fenómeno.
Aunque el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat) otorga el aval a la iniciativa, la ejecución definitiva pende de la aprobación final de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Dicha entidad exige la notificación previa a los alcaldes de los municipios donde se iniciará la aspersión, un mecanismo de control que busca mitigar los posibles efectos negativos.
El general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, informó a las autoridades de Argelia, Cauca, sobre el posible inicio de las labores en cualquier momento.