
Kinshasa-. El desplazamiento de personas representa hoy uno de los problemas humanitarios más acuciantes en República Democrática del Congo (RDC), agudizado en la medida en que se extiende el conflicto en el este del país.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que desde principios de año, más de 100 mil personas huyeron de los combates en la zona de Masisi, en la provincia de Kivu Norte, buscando refugio en zonas vecinas, incluidas las aldeas de Nyabiondo y Kasebere.
A esto se suma que los enfrentamientos en el territorio de Kalehe, en Kivu Sur, obligaron a más de 50 mil congoleños a huir durante la pasada semana, muchas de ellas a Burundi.
Desde febrero, más de 40 mil personas, la mayoría mujeres y niños, llegaron a ese país vecino en busca de protección internacional, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur.
Estos son los movimientos más recientes en dos provincias de las más afectadas del país debido al recrudecimiento de los combates entre el Movimiento 23 de Marzo (M23) y las Fuerzas Armadas de la RDC, pero también impactadas por las acciones de otros grupos armados, como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
A finales del 2024 se calculaba que el total de desplazados internos en el país rondaba los siete millones de personas, cifra que con el avance del M23 por el este de territorio congoleño debe haberse incrementado.
Los desplazamientos generan necesidades de refugio, alimentación y servicios básicos en comunidades que no están preparadas para ello, y a las cuales la guerra dificulta el acceso de recursos y personal humanitario, debido al cierre de los aeropuertos y carreteras.
La violencia de todo tipo, pero en particular la violencia sexual y de género, es un fenómeno que se asocia con estos desplazamientos, así como se eleva el riesgo de enfermedades.
Solucionar este problema requiere primeramente de la paz, pero conllevará mucho más esfuerzo, como demuestra una evaluación realizada por la OCHA y sus socios humanitarios a mediados de febrero.
El análisis concluyó que de las más de 51 mil personas que habían regresado a sus aldeas en el territorio de Nyiragongo, al menos el 40 por ciento informaron que sus casas o campos estaban ocupados por otras personas; de ahí que el organismo alertara sobre posibles tensiones comunitarias y conflictos por la tierra.
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