
Ciudad de Panamá-. El Contralor de la República, Anel Flores, anunció que presentará hoy ante el Ministerio Público una denuncia penal contra la Panama Ports Company (PPC), que opera puertos en el Canal de Panamá.
De acuerdo con el comunicado, en una primera auditoría a la empresa se apreciaron incumplimientos en el contrato de concesión por más de 300 millones de dólares y señalaron a la Autoridad Marítima de Panamá de tergiversar cifras, según el funcionario.
“Vemos una renovación que tampoco cumplió con todos los procedimientos de ley, ni cuenta con el refrendo de la Contraloría”, remarcó.
Sobre la lesión patrimonial al Estado, Flores precisó que, en los términos originales del contrato acordado en 1997, solo en un año el país pasó de recibir 27 millones de dólares en 2002 a 1,3 millones de dólares en 2003.
“Si hubiésemos cumplido con el primer contrato a cabalidad, Panamá debió haber recibido mil 337 millones de dólares durante el periodo de la concesión”, agregó.
La Contraloría empezó una auditoría a la empresa responsable que mantiene la concesión para administrar los puertos de Cristóbal (Atlántico) y Balboa (Pacifico), a cargo del grupo CK Hutchison, con base en Hong Kong, a cada lado de la vía interoceánica, en medio de amenazas del presidente Donald Trump, de retomar el control del Canal, bajo supuesta influencia china, lo que niegan las autoridades locales.
Lo cierto es que la transacción que debió realizarse el pasado 2 de abril- un monto de 22,8 mil millones de dólares- del grupo CK Hutchinson, al consorcio norteamericano BlackRock-TiL, ha sido postergada.
La operación prevé el traspaso de la administración de 43 puertos, 199 atracaderos ubicados en 23 países, junto con otros recursos de gestión de operaciones y sistemas operativos que en el caso del país istmeño incluye las dos terminales en el istmo.
En Panamá, la relación de CK Hutchison con el Ejecutivo había sido cuestionada, con el argumento de la existencia de un contrato extendido por 25 años pero que no ofrece beneficios ni mejoras en las condiciones para el Estado concedente, además de dudas sobre la transparencia de la compañía.
Al respecto el presidente de la República, José Raúl Mulino, se limitó a decir que la auditoría que realiza la Contraloría a esos puertos debe continuar hasta su finalización y el resultado de esas acciones “será un factor importante respecto de una nueva relación con el concesionario.
«Estamos en comunicación con las tres partes: los potenciales compradores y el vendedor. Todo indica que el proceso va a avanzar. Una vez se concrete, seremos formalmente notificados, ya que Panamá debe aprobar esa transacción, como lo establece la ley y el contrato», declaró Mulino en conferencia de prensa semanal.
El jefe de Estado también anunció que se reunirá con los gerentes de todos los puertos que operan en Panamá para debatir lo que él considera como “mínima y deficiente” la cooperación en materia de seguridad.
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de BlackRock, Laurence Douglas Larry Fink, reveló la víspera que podrían enfrentar “nueve meses más” de revisión regulatoria para cerrar un acuerdo con CK Hutchison y así lograr el control de los puertos Balboa y Cristóbal en Panamá.
Luego de los ataques de Trump y su afán de apoderarse de la ruta fluvial, principal activo económico de la nación centroamericana, muchos estiman que ahora lo que está en juego es el control de la estratégica posición geográfica.
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