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Defensoría de Bolivia ve “retroceso grave” en juicio sobre masacre

La Paz-. Con el calificativo de un “retroceso grave”, la Defensoría del Pueblo de Bolivia se suma hoy a las críticas sobre decisiones judiciales que benefician a los acusados por la masacre de Senkata en 2019.

Según una nota institucional, familiares y afectados denunciaron que las últimas determinaciones de los tribunales generan incertidumbre y ponen en riesgo el derecho a la justicia.

En esos términos, la Defensoría se refirió a la decisión de un tribunal de El Alto, que determinó este miércoles que el proceso contra la exgobernante Jeanine Áñez (2019-2020) debe ventilarse en un juicio de responsabilidades y no en la jurisdicción ordinaria, como había avanzado.

Autoridades del Tribunal alteño de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto ordenaron este miércoles la libertad de Jeanine Áñez dentro del proceso por los hechos de Senkata.

La exmandataria de facto, sin embargo, no saldrá de prisión, debido a que aún pesa sobre ella una sentencia de 10 años en el caso denominado «Golpe de Estado II» por el procedimiento inconstitucional que utilizó para acceder a la presidencia del Senado y posteriormente a la jefatura de Estado.

Esa resolución judicial se dio en el contexto de las investigaciones por el caso Senkata, que indaga las muertes registradas en noviembre de 2019 durante un operativo conjunto entre fuerzas policiales y militares en El Alto, donde al menos 10 personas resultaron ultimados a balazos.

Debido a este crimen, Áñez es procesada por la presunta comisión de genocidio en este proceso.

Un Grupo internacional Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso en 2021, concluyó que hubo vulneración de derechos humanos durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019.

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Lamentó la Defensoría que el caso se abrió el 19 de noviembre de 2019 y que ya pasaron más de cinco años “sin avances significativos”.

Solicitó, además, a varias instituciones rendir informes sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de víctimas, denunciantes y testigos.

Aclaró que, entre ellos, figuran el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Legislativa y varias carteras.

Sobre el particular, la Defensoría también pidió al Estado implementar recomendaciones del GIEI como avanzar en mecanismos de verdad, justicia y reparación integral para las familias afectadas.

La nota institucional, finalmente, reafirma el compromiso de vigilar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados.

Igualmente, exige que el juicio de responsabilidades no se convierta en un recurso para postergar indefinidamente el acceso a la justicia ni el esclarecimiento de la masacre.