
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en El Salvador denunciaron que al menos 415 personas han fallecido bajo la custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del estado de excepción, que se aplica en el país centroamericano desde hace más de tres años.
«Llevamos más de 415 casos de personas asesinadas en manos del Estado», afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, que explicó que la cifra «es un estimado» de las oenegés a partir de las denuncias de los casos.
Según el representante de la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, la medida se ha convertido en una «política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años».
#RégimenDeExcepción | A tres años del régimen de excepción en El Salvador, como @TutelaLegalMJH, junto a @MOVIRSV y @ProHistorica, presentamos el informe: "Tres años de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos". Con este informe se busca evidenciar las… pic.twitter.com/EwPiZrtOwI
— Tutela Legal MaríaJH (@TutelaLegalMJH) May 29, 2025
En este sentido, los defensores de los derechos humanos alertan que durante el estado de excepción, se han registrado graves violaciones, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura.
También sostienen que el estado de excepción no tiene como fin garantizar la seguridad, sino ejercer un control social de todas las voces que no comulgan con el discurso del presidente Nayib Bukele. Por tanto, piden a la comunidad internacional prestar más atención a lo que ocurre en El Salvador.
#DDHH "Hacemos un llamado porque creo que el pueblo salvadoreño necesita dignidad, seguridad, libertad con democracia que se ha venido opacando. Hay que sobrepasar el miedo para poder decir basta a esas graves violaciones a los #DDHH" dice Miguel Montenegro @ComisindeDerec1 pic.twitter.com/gW7uu3kTlU
— Tutela Legal MaríaJH (@TutelaLegalMJH) May 29, 2025
En los más de tres años de la entrada en vigencia del estado de excepción se han contabilizado más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras.
El estado de excepción suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.