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Brasil: Fiscalía y Corte Suprema consolidan la acusación contra Bolsonaro

El procurador general afirmó este martes 2 de septiembre, que todos los acusados participaron activamente en la conspiración. Mientras, el juez Alexandre de Moraes, desestimó los cuestionamientos de la defensa y ratificó la legalidad del proceso.

El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores más cercanos avanzó este martes en el Supremo Tribunal Federal de Brasil con dos intervenciones clave: la del fiscal general Paulo Gonet y la del magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso. Ambos consolidaron la acusación al sostener que la trama golpista de 2022 fue coordinada, estructurada y con responsabilidades compartidas entre todos los imputados.

En su presentación, el fiscal general Gonet sostuvo que “todos los personajes del proceso son responsables” del intento de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Según explicó, las diferencias entre los acusados se limitan al grado de participación de cada uno y, en consecuencia, a la magnitud de las penas que podrían recibir. Para la Fiscalía, los hechos demuestran la existencia de una organización criminal en sentido jurídico, en la que cada acusado cumplió una función concreta.

Por su parte, el magistrado Moraes presentó un informe extenso que recorrió todas las etapas del proceso penal: desde la obtención de pruebas y la apertura de la investigación hasta la aceptación de la denuncia y las declaraciones de los imputados. El magistrado subrayó que el debido proceso fue respetado en su totalidad y rechazó los cuestionamientos de la defensa, en particular los que ponían en duda la competencia del Supremo para juzgar a los acusados y la validez del acuerdo de colaboración de Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro.

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Moraes afirmó que el pacto fue aprobado “con estricto cumplimiento de los requisitos legales” y que no existen elementos jurídicos que permitan revisarlo.

La sesión (a la que no asistió el ex mandatario Bolsonaro alegando problemas de salud), fue seguida de cerca por legisladores de distintos partidos de izquierda, entre ellos Lindbergh Farias, Henrique Vieira y Jandira Feghali, quienes se registraron para presenciar la audiencia. A la salida, Feghali destacó que se trata de la primera vez que un expresidente y altos mandos militares responden ante la justicia brasileña por un intento de golpe de Estado, y descartó la posibilidad de que prospere en el Congreso una eventual amnistía.

El operativo de seguridad en Brasilia, donde tuvo lugar el juicio, se reforzó de manera significativa. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estableció un protocolo especial en coordinación con la Policía Militar y la Policía Judicial, que incluyó drones, helicópteros, perros rastreadores y bloqueos en un radio de un kilómetro alrededor de la sede del Supremo Tribunal Federal. El acceso al recinto se limitó a un número reducido de asistentes, entre ciudadanos y periodistas previamente registrados.

Las sesiones del juicio continuarán durante las próximas semanas, y el tribunal deberá evaluar las pruebas y los testimonios para determinar la responsabilidad de los ocho acusados. Las penas en juego podrían superar los 40 años de prisión, lo que convierte este proceso en un acontecimiento central para el futuro de las instituciones democráticas en Brasil.

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