
Brasilia-. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro puede ser denunciado en otras dos investigaciones (venta ilegal de joyas y fraude en tarjetas de vacunación antiCovid-19), como sucedió en la de tentativa golpista, indica hoy el portal R7.
En ambos casos, Bolsonaro resultó acusado por la Policía Federal (PF) y para que pase a la condición de denunciado, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) debe ofrecer un dictamen favorable.
La Fiscalía General acusó formalmente el martes al exgobernante y a otras 33 personas por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
También por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.
En el caso de las joyas, Bolsonaro y ayudantes fueron incriminados en julio.
Según la PF, todos habrían utilizado la estructura del Estado brasileño para desviar bienes de alto valor patrimonial, entregados por autoridades extranjeras en misiones oficiales a representantes gubernamentales, mediante la venta de esos artículos en el exterior.
Las cantidades obtenidas con estas operaciones, de acuerdo con la pesquisa, «ingresaron en el patrimonio personal de los investigados por medio de personas interpuestas y sin utilizar el sistema bancario formal, para ocultar el origen, la ubicación y la propiedad de los valores».
Bolsonaro fue culpado en esta causa por desfalco (malversación de fondos públicos), asociación delictiva y lavado de dinero.
En la indagación sobre una supuesta falsificación de certificados de vacunación antiCovid-19, el exmandatario y 15 aliados fueron acusados por los delitos de asociación criminal e inserción de datos inexistentes en el sistema público.
La PF señala que el objetivo del fraude era hacer constar en la tarjeta de vacunación que el excapitán del Ejército se habría inmunizado contra el patógeno, lo cual nunca ocurrió.
Con esto, los inquiridos pudieron emitir sus respectivos certificados de inoculación y utilizarlos para burlar las restricciones sanitarias vigentes impuestas por los poderes públicos que pretendían impedir la propagación de la dolencia.
La investigación reveló que el objetivo del grupo sería «mantener unido el elemento identitario en relación con su pauta ideológica. En este caso, sostener el discurso dirigido a los ataques a la vacunación contra la Covid-19».
Cuando el Poder Judicial acepta la imputación formulada por el Ministerio Público, el denunciado pasa a la condición de acusado y comienza a responder al proceso legal. Por el momento, el Supremo Tribunal Federal solo tiene en sus manos la sonada denuncia sobre el presunto complot golpista en 2022.
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