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Ahora quieren a Cristina Fernández fuera de Buenos Aires, bien lejos

Buenos Aires-. La prisión domiciliaria de Cristina Fernández en su apartamento del barrio porteño de Constitución molesta al poder político y económico que hoy controla las riendas de Argentina, y la quieren fuera de Buenos Aires, y lo más lejos, mejor.

El fiscal ante el Tribunal de Casación, Mario Villar, rechazó la solicitud de los procuradores del proceso que condenó a la expresidenta a que cumpliera la sentencia de seis años de cárcel en una penitenciaría o en una unidad de seguridad; no obstante, planteó que debe mudarse de San José 1111.

Alegó como pretexto que no es un lugar adecuado ni seguro, y por tanto debe mudarse, lo cual es el deseo político del mileismo y el macrismo, que se vaya a El Calafate, una pequeña urbe cerca del borde del lejano Campo de Hielo Patagónico Sur en la meridional provincia argentina de Santa Cruz.

La otra opción es que se radique en un sitio de difícil acceso en el Gran Buenos Aires, lejos de quienes quieran expresarle adhesión o afecto y también de dirigentes políticos con los que pudiera tratar tácticas y estrategias de la oposición.

Sus abogados Carlos Beraldi y Ary LLernovoy sostuvieron que San José 1111 no es un domicilio que escogió la expresidenta para la prisió domiciliaria, sino que vive ahí desde hace dos años, y no hay razón que sustente la exigencia de que se traslade.

Además, es el lugar donde mantiene sus vínculos familiares, políticos y con sus defensores. Por lo tanto, no corresponde que la obliguen a buscar otra morada.

Respecto a las visitas, la defensa insistió en que a ningún reo domiciliario en el país se le aplican restricciones ni tener que pedir permiso para recibirlas.

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El fiscal Villar dijo que Cristina debe seguir usando la tobillera electrónica, a lo que los letrados que la defienden argumentaron que ese implemento existe para que una persona no se fugue, algo imposible en el caso de la exmandataria porque hay una custodia permanente de la Policía Federal en la puerta.

Los jueces del Tribunal de Casación deben emitir un veredicto sobre los planteos antes del viernes 11, cuando empiece el asueto judicial de invierno. Las partes podrán el miércoles presentar alguna otra documentación adicional.

Las multitudinarias manifestaciones de apoyo a la exmandataria molestan a todas luces a los poderes políticos y económicos, y quieren evitar esa efervescencia popular, indican analistas políticos que siguen el proceso contra Cristina.