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Proyecto a favor de violadores de DDHH genera rechazo en Chile

Santiago de Chile-. Parlamentarios y organizaciones de derechos humanos en Chile rechazaron un proyecto en trámite hoy en el Senado que beneficiaría con prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La iniciativa, presentada por la derecha para “humanizar el castigo penal”, pretende sustituir penas de cárcel a personas mayores, enfermas o con discapacidad.

Durante el debate en la sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, advirtió que entre los potenciales beneficiarios de este proyecto estarían 370 personas condenadas por asesinatos, torturas y desapariciones durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

A ellos se suman 365 sancionados por delitos de extrema gravedad como violaciones de menores, homicidios y parricidios.

De acuerdo con el ministro, este proyecto no solo tensiona el derecho interno, sino que coloca a Chile en abierta contradicción con sus compromisos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al participar en la sesión, el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), recordó que él tenía tres años cuando asesinaron a su padre en Puerto Montt y el responsable del crimen, conocido como Juan Metralla, tiene 77 años y sería beneficiado por esta iniciativa.

“Este proyecto sí es impunidad”, denunció Espinoza, y añadió que el criminal preso ahora en Punta Peuco asesinó también a muchos campesinos, torturó y violó a mujeres.

La senadora Fabiola Campillai, quien perdió la visión durante la represión de las fuerzas de seguridad al estallido social en 2019, expresó su rechazo a conceder privilegios procesales a quienes cometieron los crímenes más graves.

Conceder beneficio a estos internos no solo es un acto de negligencia legislativa, es un agravio directo al dolor de las víctimas, expresó.

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Para el legislador Gastón Saavedra, del PS, este proyecto busca negar el pasado y cubrir con un manto de impunidad a quienes fueron los responsables de torturas y asesinatos.

Saavedra advirtió también sobre la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de nombrar como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Fernando Rabat, un exabogado defensor de Pinochet, lo cual –dijo- “es un fiel reflejo de la identidad política del mandatario electo”.

Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos condenaron el proyecto y advirtieron que sustituir cárcel por domicilio en estos casos es una forma de vaciar de contenido las condenas y enviar una señal inequívoca de indulgencia estatal hacia quienes actuaron desde el aparato represivo.