El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con “numerosos países hostiles”, de acoger a “grupos terroristas transnacionales” y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y de China.
Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana. Hace poco el secretario de Estado, Marco Rubio, avisó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Cuba y se concretó con nuevas medidas coercitivas que afectan a compañías estatales cubanas y a funcionarios del gabinete del presidente, Miguel Díaz-Canel. El 4 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al mandatario cubano, y a su esposa, Lis Cuesta Peraza.