Critican sindicatos de Uruguay al gobierno por más desigualdad

Montevideo-. La central sindical uruguaya Pit-Cnt reiteró hoy críticas al gobierno por la profundización de la desigualdad, a dos días de un paro nacional convocado contra el hambre y por la vida, salario y trabajo.

Tamara García, integrante del secretariado Ejecutivo respondió a cuestionamientos de ‘insensibilidad’ por senadores del oficialismo, a quienes replicó que ‘miles de personas están comiendo en ollas populares’.

En declaraciones en el Portal de la gremial afirmó que durante el paro se garantizará la vacunación en curso contra la Covid-19, las emergencias, tratamientos específicos, así como los servicios esenciales de salud.

Rechazó que se hable de ‘falta de sensibilidad del movimiento sindical’ por ‘salir a luchar y a reivindicar que la gente no tiene que estar pasando mal y que el gobierno tiene que dar medidas específicas’.

La dirigente sindical aludió también a más de 100 mil nuevos pobres y el aumento de la informalidad, sin apoyo gubernamental.

Respecto a la recogida de firmas para someter a referendo la Ley de Urgente Consideración que continuará durante el paro recriminó a los legisladores oficialistas que ‘cada vez que queremos alzar una voz diferente a la del gobierno se nos acusa de querer desestabilizar, y toda persona que opine diferente busca conspirar’.

En otros simultáneos escenarios de confrontaciones sindicales, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, denunció al comenzar las clases presenciales, recortes en la enseñanza pública y la histórica pérdida salarial de docentes.

Días atrás el sindicato de la Administración de Combustibles (Ancap) acusó al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, de incurrir ‘en reiterados ataques a la organización sindical, menoscabando el ejercicio del fuero y libertad y el derecho a huelga’.

‘Da Silva intenta desacreditar las voces que se alzan en contra de su proyecto político que representa los intereses de las clases dominantes’, expresó el gremio, que decidió denunciarlo ante la Institución de Derechos Humanos del Parlamento.

mem/hr

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