Con más de medio siglo de existencia en Cuba la propiedad industrial celebra su día este 26 de abril. Sus esencias son abrazadas por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), que es el órgano estatal subordinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilizado con el establecimiento del régimen legal, la política, la gestión y la gerencia de esta temática en el país, así como la prestación de los servicios inherentes a la materia.
En Granma hace realidad sus servicios a través del Centro de Información y Gestión Tecnológica (Ciget), entidad perteneciente al Instituto de Información Científica y Tecnológica (Idict) encargado de conferir y registrar los derechos exclusivos de Propiedad Industrial; promover, desarrollar y supervisar esta actividad; así como elaborar las propuestas del ordenamiento jurídico y brindar otros servicios especializados en torno al tema.
Entre sus funciones propone la política y las leyes del Estado en materia de Propiedad Industrial y, una vez aprobadas, las dirige, coordina, controla y, en su caso, las ejecuta. Elabora, propone y en su caso ejecuta las demás disposiciones necesarias para implementar la política estatal para la protección de la Propiedad Industrial en el país.
Además, tramita y registra las solicitudes de protección en el país de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial, presentadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y ejecuta todas las acciones relacionadas con el mantenimiento y modificación de los derechos adquiridos a través de un sistema nacional creado al efecto. Este sistema se establece en nuestro país con el fin de diseñar y organizar nuevas conductas y modos de planificar, decidir y hacer en toda la labor administrativa donde la propiedad industrial y su utilización tiene significado y trascendencia.
A su vez traza los lineamientos comunes que deben regir las conductas y las acciones de los actores sociales, tanto en su acontecer interno como en su interrelación con otros actores a fin de lograr su estructura e implementación.
La creación y la innovación son parte esencial de la vida en todas sus esferas y, así, para cualquier rama de la economía constituye un componente básico. Los derechos intelectuales deben ser consagrados como derechos constitucionales, lo cual constituye un estímulo para la creación y difusión de dicho conocimiento en los diversos campos del quehacer humano.
En términos generales, desde una perspectiva social, cultural y humana se estima que los derechos de propiedad intelectual tienden a aumentar el valor y la calidad de vida de las personas, además de enriquecer el futuro de las naciones.
En este 26 de abril día de tan importante acápite social celebremos todos por una mayor protección de los valores intelectuales, pues constituyen un importante eslabón en la obtención de grandes beneficios económicos y posterior elevación del nivel de vida de la sociedad.
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