No precios COVID, por favor…

Suenan los teléfonos, «llueven» las cartas, y los comentarios en la web de Granma no cesan. Detrás de cada mensaje está la denuncia del pueblo porque 2020 ha sido, como pocos en las últimas décadas, un año difícil que ha incluido, entre los síntomas de gravedad más notables, una elevación injustificada de los precios, en especial, de los alimentos.

Precios COVID, dice la gente, asociándolos a la crisis económica que la pandemia agravó, pero que tiene su base en la agresividad con que el Gobierno de Estados Unidos intentó dejar sin vida la economía nacional.

CUANDO EL PUEBLO «SUENA»…

Los especialistas de Cartas a la dirección, sección de este diario que da espacio a la ciudadanía, envían algunas misivas sobre el tema de los precios. Todas son denuncias.

Carlos M. Castillo Gámez, residente en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, escribe que en la zona donde vive, y en Centro Habana, son abusivos los precios de los productos del agro que venden los carretilleros, en especial de la cebolla y el tomate.

Ante cualquier requerimiento, los vendedores responden que los precios límites son para los estatales, pero ellos venden «por pata y ristra». Justificaciones.

«Si vas al mercado de 19 y B, que frecuento bastante, no hay día que no tenga que exigir mi derecho con precios y peso», alega Carlos M. Castillo, que ha llegado a buscar al administrador de la instalación, quien, al comprobar la ilegalidad, hace valer el derecho del cliente, «pero hasta ahí…, al rato las cosas siguen igual», dice el remitente.

«Me pregunto por qué a los administradores de estos lugares no le establecen que, ante una falta comprobada de peso y/o precio a un cliente, se le cierra el área y se le imposibilita vender nuevamente a ese intermediario», comenta. Su interrogante ha encontrado esa respuesta en no pocos establecimientos, porque la impunidad no sacará ventaja.

Leopoldo Gutiérrez, otro lector, pero esta vez de Centro Habana, denuncia que el sábado 5 de diciembre pasó por la panadería de Neptuno y Belascoaín, donde vendían el pan liberado redondo a 2.00 pesos. Los churros de 3.00 y 5.00 pesos ahora cuestan entre 8.00 y 9.00 pesos, también comenta.

Desde Cárdenas, en Matanzas, Yoel Almeida, trabajador del sector hotelero, describe su panorama este diciembre: pelarse le costó 40 pesos y la carne le salió a 50. «Todo ha subido por las nubes y ni siquiera han subido los salarios», comenta preocupado, pues hace siete meses que no trabaja. En su opinión, es imprescindible más control por parte de los inspectores.

Rosendo agrega en nuestra web que entre los vendedores particulares los cigarros están entre 30 o 35 pesos, y las cervezas a 60 pesos. ¿Por qué los particulares tienen esos productos y los estatales no?, se pregunta.

En tanto, Martha Rosa López Riverón, una señora que emplea mensajeros para obtener sus productos, denuncia la tarifa excesiva que se está aplicando por este servicio, lo cual –en su opinión– afecta en mayor medida a quienes pagan porque les busquen productos de frecuente distribución como el pan, las dietas médicas o la leche.

SOLUCIONES CIUDADANAS PARA UN PROBLEMA NACIONAL

Casi nunca los cubanos protestamos sin ofrecer soluciones sobre lo cuestionado. Por eso, de lo planteado por los comentaristas en la web del periódico Granma en el trabajo Una mirada a la sinrazón de los altos precios, recogemos algunas ideas y propuestas ciudadanas.

Mila propone que «el Estado haga la competencia y tenga un suministro estable, de calidad y a precios razonables», y Genry sugiere que los gobiernos municipales publiquen en sus sitios web precios topados, y que se habiliten canales para que la población denuncie a los violadores e incluso les tomen fotos.

En opinión de Lázaro, hay que seguir «el hilo» para llegar a los lugares de donde salen los productos que se venden a sobreprecio. Aplicar el sistema internacional de unidades, el gramo y kilogramo es vital para proteger al cliente, argumenta Antonio Vera Blanco.

Para Pool, tanto en el sector particular como en el estatal, debe erradicarse el descontrol y el compadreo que incide en la aceptación a la impunidad. «Falta hace que también se apliquen severas sanciones a los inspectores corruptos, y no solo se les expulse de sus trabajos. También urge que se remuevan de sus cargos a los cuadros que permiten irregularidades de precios en sus territorios».

Danny sostiene que debe ser una prioridad estatal el fortalecimiento de los agentes de la ley

P.P. Hernández agrega que esa rigurosidad en la aplicación de la ley debe incluir su aplicación a los inspectores que no cumplan con sus funciones públicas. «Creo que es poca la cantidad de inspectores sancionados, ya que no faltan los que han hecho de esto un medio de vida muy lucrativo», alega.

Miguel A., un lector que escribe largo y profundo en el sitio digital de Granma, resume la cuestión de la siguiente forma: el de los precios es uno de los problemas más difíciles a los que se enfrenta cualquier Estado.

Y sugiere, entre otras ideas, mantenerse alerta, pues cuando hay inspecciones, muchos particulares cierran los negocios hasta que se vaya el inspector; propone trazar alguna estrategia con respecto a los puntos en los que se revenden mercancías del Estado e intensificar la vigilancia popular… aunque, agrega, con ella no es suficiente, «en especial cuando en las tablillas te ponen un precio y en tu cara te dicen que es otro».

El lector, avispado, alerta, además, sobre las connotaciones sociales negativas que pueden adquirir cuestiones como estas, donde los que ganan más no quieren perder, y tampoco dejan que mejoren los que ganan menos con el esfuerzo y con el apoyo del Estado.

La unificación monetaria y, sobre todo, cambiaria, debe contribuir a homogeneizar los métodos actuales de formación de precios, y a eliminar las distorsiones que impactan en el comercio interno, el externo y en el sistema empresarial, pero hay algunos listillos que han pretendido sacar ventaja en un proceso que, como se ha explicado, tendrá como impacto un proceso inflacionario, para el cual se han propuesto medidas de contención que no diluyan el esfuerzo de años.

Según precisó recientemente en la Asamblea Nacional, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, un asunto sobre el cual el Gobierno toma un conjunto de medidas, es el control de los precios. La efectividad en su chequeo y control será determinante y las acciones estarán encaminadas a evitar y enfrentar los precios especulativos y abusivos.

«En el cumplimiento de estas medidas, dijo, tienen un papel fundamental las autoridades locales con la participación de todo el pueblo y a los que insistan en mantener estas conductas a pesar de las acciones preventivas y el llamado que se les ha realizado a ser solidarios y sensibles, pues también estas personas y sus familias disfrutan de la gratuidad de los servicios sociales del país, se les aplicarán las medidas administrativas de mayor rigor».

EN CONTEXTO

La tarea más inmediata del proceso de ordenamiento es el estudio y análisis de todas las opiniones de la población, que se han podido recoger, al haber anunciado con tiempo el ordenamiento monetario y las medidas que lo acompañan.

Todo se está revisando, incluyendo la tarifa eléctrica.

La población debe estudiar las normas jurídicas que acompañan a esta tarea y no debe dejarse llevar por comentarios.

Están creadas las condiciones para controlar los incrementos de precios mayoristas, y también hay que enfrentar, en el ambiente minorista, los precios abusivos y especulativos.

Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores.

En Cuba socialista jamás se emplearán terapias de choque contra el pueblo, el mayor reto será controlar que no ocurra un proceso inflacionario en magnitudes superiores al diseño estimado.

El ordenamiento no resuelve por sí solo todos los problemas de la economía, pero es imprescindible para llevar adelante otras tareas de mayor alcance que están ratificadas por la Estrategia económico-social.

La Tarea Ordenamiento garantiza a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo.

Entre los principales objetivos está hacer una redistribución diferente de los recursos disponibles en la economía, los cuales no han crecido, pero sí se plantea una reducción gradual de subsidios y gratuidades indebidas, pues no hay riquezas para repartir más.

El aporte positivo es que se rompe el círculo vicioso de que, como no hay riquezas, no se puede transformar el salario.

Se prevé que, con un estímulo al salario, las personas trabajen de manera más eficiente y mejor, y el proceso de creación de riquezas aumente.

Se busca ir a un ambiente macroeconómico más estable, donde el dinero cumpla su función.

El ordenamiento monetario crea condiciones para quitarle trabas al sistema empresarial y este pueda implementar, en un ambiente más natural, las 43 medidas aprobadas este año.

Son falsos los rumores de que la Tarea Ordenamiento tiene el objetivo de limitar el papel de las formas no estatales de gestión.

Se ha tratado de emparejar las condiciones de las empresas y del sector no estatal, estableciendo un único tipo de cambio.

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