Erradicación forzada de coca en Colombia atenta contra Acuerdo de Paz

Bogotá-. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia afirmó hoy que la erradicación forzada de cultivos ilícitos con la intervención de las Fuerzas Armadas incumple el Acuerdo de Paz.

Además, es un riesgo para las comunidades rurales sin casos de Covid-19, enfatizó el colectivo.

Durante la cuarentena nueve departamentos fueron intervenidos por militares para erradicar cultivos de hoja de coca, señaló la Coordinadora por medio de su cuenta en Twitter, que registra este año 90 casos de eliminación forzada.

Precisó que las comunidades más afectadas por esta acción son las que se habían acogido al Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), componente de la Reforma Rural Integral.

Por su parte, la abogada Soraya Gutiérrez consideró que el gobierno colombiano mantiene una política errada en materia de drogas por negarse a aplicar el punto 4 de los acuerdos de Paz.

Gutiérrez explicó en un artículo de opinión, publicado en el diario Pulzo, que el gobierno de Iván Duque le da prioridad a la salida impuesta por los Estados Unidos, pretendiendo volver a las aspersiones aéreas de glifosato y aplicando la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca.

De esa forma hace a un lado la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades y desconoce la importancia de aplicar el PNIS, que para el 2020 está desfinanciado en un 97 por ciento, añade.

El punto 4 del Acuerdo Final: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, señala que para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros aspectos, encontrar una solución definitiva a ese problema, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Uno de los elementos para este fin es la erradicación de los cultivos ilícitos por medio de un nuevo PNIS que conduce la autoridad nacional competente con la Presidencia del país a la cabeza y en coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

Dicho Programa tiene como un principio fundamental ‘la sustitución voluntaria de cultivos’, además ‘un carácter civil sin perjuicio de su coordinación con las autoridades estatales que se requieran para garantizar su pleno desenvolvimiento, incluyendo las responsables de la seguridad y protección de las comunidades según la concepción de seguridad contemplada en el Acuerdo Final’.

‘Insistir en perseguir los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, los cultivadores y los consumidores, es un error que tiene altos costos y efectos colaterales muy costosos para el país: nos cuesta recuperar la confianza en las instituciones, nos cuesta no tener resultados eficaces contra las problemáticas de las drogas, y sobretodo nos cuesta cientos de vidas’, aseveró la abogada Gutiérrez.

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