Santiago de Chile-. El Congreso de Chile logró aprobar esta semana por mayoría una iniciativa propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera destinada a cambiar condenas de cárcel por prisión domiciliaria para reos adultos mayores de baja peligrosidad y mujeres embarazadas o con hijos pequeños.
El proyecto pretende beneficiar a más de mil 300 reclusos, con lo cual se aliviaría un tanto el hacinamiento en las prisiones chilenas, para tratar de evitar que la pandemia de Covid-19 haga estragos al interior de esos recintos.
Lo sorprendente es que el gobierno de Piñera encontró en los partidos que lo respaldan, a los principales oponentes, que votaron en contra por considerar ‘discriminatoria’ la iniciativa al no incluir en los beneficiados a los asesinos y torturadores de la dictadura que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Punta Peuco.
Incluso la derecha presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pese a las súplicas del ministro de Justica, Hernán Larraín, para que lo retiraran, y aunque el proyecto aprobado por el Congreso está listo para convertirse en ley, sigue en espera del pronunciamiento de ese órgano, que pudiera echarlo abajo.
Pero la apuesta humanitaria de Piñera tiene otra arista pues, para complacer a las fuerzas más conservadoras, busca relanzar un proyecto de ley estancado en el Congreso desde 2018, en el cual, sin distinción por el tipo de delito, se propone conmutar cárcel por prisión domiciliaria a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total.
El mandatario impuso máxima urgencia para que el texto, denominado Ley Humanitaria, sea discutido con rapidez en el Congreso, lo cual deberá ocurrir la semana entrante.
Esta maniobra no ha pasado inadvertida en amplios sectores sociales chilenos, que consideran que La Moneda aprovecha de manera oportunista la situación creada por la crisis sanitaria, para sacar de la cárcel a los asesinos, en un país donde todavía se desconoce el destino de más de mil detenidos desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet.
Al respecto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, advirtió que ‘se busca más la forma de dar impunidad, que preocuparse de darle la posibilidad a los familiares de encontrar a sus víctimas y encontrar más justicia’.
Prácticamente toda la oposición, que votó por la iniciativa del gobierno recién aprobada , dejó claro que su postura con respecto a la Ley Humanitaria será totalmente contraria, para evitar que los represores salgan de la cárcel, y en igual tono se expresó la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH).
De acuerdo con esa entidad, el Estatuto de Roma en su Artículo 110 establece que para recibir reducción de pena, un condenado por delitos de lesa humanidad debe cumplir ciertos requisitos, uno de los cuales es haber expresado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la investigación.
Pero esto no ocurre con los presos de Punta Peuco, pues prácticamente ninguno colaboró con la justicia para confesar antecedentes y la verdad de los crímenes, hallar a los detenidos desaparecidos y esclarecer cientos de hechos, sino todo lo contrario, pues como asegura la CChDH, ‘han reivindicado públicamente sus atroces crímenes’.
El debate está abierto y la pregunta es si Piñera logrará o no favorecer a los represores de cientos de miles de personas y cumplir lo que prometió durante su campaña presidencial a los sectores más retrógrados de la sociedad chilena.
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